El legislador describió los objetivos de la ley. “Lo que hace es ampliar la facultad para que Magistrados y Funcionarios puedan capacitarse en forma permanente a través del ejercicio de la docencia, tendiente a mejorar el servicio de justicia, amplía la posibilidad de desarrollar docencia en Universidades, Institutos Terciarios y educación superior equivalente, tal como prevé las normas nacionales, apunta a la capacitación que puedan cumplir con el requerimiento constitucional de que estén en conocimiento del derecho”.
De allí la importancia de la reforma que se plantea con el presente, en cuanto se amplía la posibilidad de ejercer docencia, no sólo a nivel Universitario, como indica la norma, sino que también pueda ejercerse esa actividad a Nivel de Instituciones Terciarias o de enseñanza superior equivalentes, que representan una gran proporción de la demanda educativa provincial, pública o privada.
“Ampliar la base de formadores, que en su mayoría provienen de los ámbitos judiciales, no sólo trae aparejado una mejor y variada oferta académica, colocándose a las universidades o institutos de enseñanza superior a la vanguardia de la educación nacional, sino que además redunda en beneficio de otros sectores que también prestan servicio público como ser la Escuela de Policía por Jueces y Secretarios o Centro de Estudios Judiciales, dependientes del Superior Tribunal de Justicia, generando una mejora cualitativa del mismo” argumentó el autor.