El tribunal está compuesto por Mónica Anís, abogada y titular de la cátedra de Seminario de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la UNNE; Noelia Nazaruka, es mediadora y especialista en mediación comunitaria; Ricardo Urturi, abogado especialista en derecho penal y Federación de Profesionales Universitarios del Chaco (FEPUCH); y Ana María Delgado, licenciada en psicología.
Esta comisión especial analizará las presentaciones y designará a los candidatos para este nuevo organismo municipal mediante un concurso público de antecedentes y oposición. La evaluación escrita será el 27 de abril, el examen oral tendrá lugar el 5 de mayo y los resultados estarán publicados del 6 al 12 de mayo. El comité podrá requerir opiniones a entidades especializadas vinculadas a la temática y reconocidas en la materia.
La Presidencia del Concejo Municipal convocará a una audiencia pública el 28 de mayo donde los ternados, elegidos previamente por el jurado, expondrán sus intenciones y propuestas. El 5 de junio, en una sesión especial, los concejales votarán para escoger al coordinador, que asumirá el 11 de junio y tendrá una duración en el cargo de cuatro años y puede ser reelegido una vez. Además, la oficina contará con un equipo interdisciplinario integrado por un abogado, un psicólogo y un mediador.
LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA DE VIOLENCIA LABORAL
Como el ámbito laboral puede constituirse como un terreno propicio para que se ejerza todo tipo de violencia, discriminación y abuso, dando lugar a injusticias y condiciones indignas e inequitativas de trabajo, la ciudad de Resistencia adhirió a la ley provincial de prevención y erradicación de la violencia en el ámbito de la administración pública, y en ese contexto se creó la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral en el Municipio.
Este flamante órgano tendrá entre sus funciones la de elaborar informes mensuales al ejecutivo municipal para dar a conocer el estado de la problemática, como así también los índices, censos, reportes y resultados de todas aquellas denuncias realizadas. Además, debe realizar la correcta difusión de la problemática con la finalidad de la prevención, con capacitaciones y charlas, seminarios cuya finalidad sea la de concientizar. También es su obligación la de establecer propuestas de políticas públicas tendientes a dar una respuesta efectiva a los trabajadores que atraviesen esta situación, con la debida contención emocional y psicológica y el asesoramiento legal pertinente.
Otra de las tareas es la generar un registro que sistematice los casos de violencia institucional, funcionando como una herramienta fundamental para el abordaje de la problemática, y que favorecerá el diseño de políticas públicas, ya sea en lo referido a la promoción y protección en los Derechos Humanos como el delineamiento de políticas de seguridad dentro de la Municipalidad.
Asimismo, la oficina tendrá que velar por la confidencialidad, discrecionalidad y resguardo absoluto de la entidad de los involucrados, durante todo el trámite del procedimiento administrativo, ejercer sus funciones con imparcialidad, debiendo abstenerse de intervenir, emitir opiniones o participar en la elaboración del dictamen cuando se trate de personas involucradas que fueren parientes por consanguinidad, afinidad o parte de su familia ampliada o ensamblada, y debe respetar los derechos de acusar y el derecho de la debida defensa, posibilitando todos los medios probatorios, siempre que sean racionales, respetuosos de los derechos establecidos por la ley, a los fines de descubrir la verdad objetiva en cada caso en concreto.