En tanto, el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, aseguró que el Gobierno convocará al sector para consensuar una alternativa, pero de lo contrario también accionará la vía judicial.
La presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines del Chaco, Verónica Mazzaroli, se refirió a la polémica desatada en torno al otorgamiento de una medida cautelar que permite a un puñado de comercios del rubro abrir sin las restricciones horarias determinadas en el Decreto N°1314 del Ejecutivo Provincial y reiteró que la intención de los empresarios “es dialogar y consensuar”. No obstante, indicó que “a partir del 9 de octubre (fecha en que entró en vigencia el instrumento) todo se desequilibró”, por lo que la acción judicial termina siendo “un grito desesperado” ante una situación en la que “no existe margen para continuar cerrados”.
Sobre la cuestión, también reflexionó el ministro de Producción e Industria, Sebastián Lifton, quien anticipó que la entidad será convocada en las próximas horas para intentar alcanzar una solución que conforme a todos.
Al límite
“Como institución intermedia no tenemos poder como para llevar a cabo una medida cautelar de carácter colectivo, sino que éstas se hacen a título personal”, aclaró Mazzaroli en declaraciones a Radio Provincia. En cuanto a lo dispuesto por el juez Civil y Comercial 6, la presidenta de la entidad indicó que son 14 los negocios que podrán abrir, a los que se suma uno que ya contaba con una medida similar.
“Desde la entidad, hemos tratado de dialogar con el gobernador Jorge Capitanich; de hecho hemos enviado una nota para pedir flexibilizaciones que nos permitan volver a trabajar en un estado normal, es decir con las disposiciones de la Etapa 3 de la Desescalada”, apuntó. En esa línea, Mazzaroli contó que con las condiciones anteriores a las dispuestas en el Decreto 1314, los comercios del rubro venían “bien”, pero desde el 9 de octubre “se desequilibró todo” y esto llevó a algunos comercios a recurrir a la vía judicial. “El sector no tiene más margen para estar sin funcionar, no hay límite para la espera, esta cautelar es un grito desesperado porque, de otra manera estamos obligados a cerrar”, argumentó.
Economía complicada
La cautelar otorgada por el juez Sinkovich toma una clara postura ante una dicotomía que se plantea desde el inicio de la pandemia que resumen en priorizar la salud o la economía. Al principio, hubo un acuerdo casi total respecto de la importancia de cuidar a la población de los estragos que causa el virus, sobre todo teniendo a mano ejemplos como España o Italia; pero con el tiempo las posturas fueron mutando, de la mano de la objetiva necesidad de poner en funcionamiento la economía.
En este contexto, Mazzaroli consideró que “las protecciones están hechas pero además está comprobado que el sector gastronómico ha trabajado con responsabilidad”. “Entendemos que, respetando los protocolos y siendo responsables, estas actividades se pueden realizar, de hecho todos los demás sectores están abiertos: en nuestro sector no tuvimos que cerrar negocios, ni generamos la propagación del virus porque desde el primer momento nos trabajamos en los protocolo”, planteó.
La presidenta de la Asociación hizo notar que la actividad en los supermercados “está habilitada”, lo que a su vez genera circulación de personas y sin embargo “sólo hay restricciones en el sector gastronómico”. En consecuencia, Mazzarolli consideró que “lo más lógico y concreto es que podamos trabajar de manera responsable y tomando los cuidados requeridos”. “Si llegado el caso, llegaran a detectar que en alguno de estos comercios se incumple con las normas vigente, pues que los sancionen, pero de lo contrario terminamos pagando justos por pecadores”, cerró.
Igualdad de condiciones
Por su parte, el ministro de Producción entendió que “no es lo más responsable otorgar este tipo de medida” aunque consideró que “hay sectores que necesitan trabajar”. “En su momento, se han generado medidas de apoyo y contención, y es cierto que este último período en el que ha vuelto la alarma sanitaria ha generado un impacto en los gastronómico, pero con el que estamos en diálogo permanente”, indicó el funcionario.
Lifton sostuvo que el otorgamiento de la medida cautelar por parte de la Justicia civil requerirá la articulación de varias áreas del Estado, fundamentalmente con los sistemas y el esquema de turnos, para lograr “la menor movilidad posible y que todo pueda funcionar con normalidad”. El titular de la cartera entendió que “esta medida genera un inconveniente adicional”, pero ratificó que la intención del Gobierno es trabajar con todo el sector. “No puede haber diferencias entre un bar o un restaurante con otros, tenemos que trabajar un régimen general y para eso vamos a trabajar en las próximas horas”, dijo.
Lifton planteó la dificultad que significa generar condiciones igualitarias para todos los emprendimientos del sector habida cuenta del momento particular de la evolución de la pandemia, no sólo en el área metropolitana sino también en el interior, fundamentalmente con lo ocurrido en las últimas semanas. “Tenemos que lograr un consenso general para que todos puedan funcionar: es muy difícil de lograrlo pero venimos trabajando con la Secretaría General de la Gobernación, con el Ministerio de Seguridad y con el Insituto de Turismo, entre otros, en busca de una solución”, aseguró. No obstante, no descartó una respuesta judicial en caso de que el consenso buscado por el Gobierno no encuentre asidero entre los empresarios del sector.