Aún así, lo cierto, es que sus efectos provocarán una brusca caída de la economía mundial, un considerable incremento del desempleo y una necesaria reestructuración de las reglas de juego vigentes en el mundo actual.
En 2019, la Organización Internacional del Trabajo informó de la existencia de más de 470 millones de personas afectadas en el mundo por problemas de empleabilidad originados en el desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra, con una tasa de desempleo en torno al 5,4% indicando la existencia de 188 millones de desocupados, 165 millones de subempleados que desean trabajar más horas pagadas y otras 120 millones de personas que no tienen acceso a empleos o abandonaron la búsqueda.
Nuestro planeta, con una fuerza global del trabajo representada por más de 3300 millones de trabajadores, tiene también incorporada la importantísima problemática de que más de 650 millones de ellos son pobres y perciben una remuneración inferior a los 3,2 U$S diarios.
Ante este escenario, es necesario además advertir, que la concentración económica, la especulación financiera y la evasión fiscal constituyen tres ejes esenciales de un modelo de acumulación de capital a nivel mundial que fomenta la existencia de guaridas fiscales, destruye el ambiente y promueve y profundiza las desigualdades lacerantes en todo el planeta.
Los 189 países del mundo asociados al FMI y al BIRF, pueden clasificarse de acuerdo a su estabilidad macroeconómica y a la rigidez o flexibilidad de sus mercados laborales. El nuevo escenario mundial, ha llevado a que aquellos países con estabilidad macroeconómica y mercados laborales flexibles ajustaran rápidamente incrementando sus tasas de desempleo, mientras que en aquellos que afrontan una macroeconomía más inestable y mercados laborales más rígidos, se visualiza una fuerte expansión de la informalidad laboral.
Las particulares características del mercado de trabajo de cada país, en lo atinente al seguro de desempleo, la estabilidad propia e impropia, el monto indemnizatorio por despido, el grado de sindicalización de los trabajadores organizados, y el rol de participación del estado en cada caso, establecen las reglas de juego que haya afrontado uno u otro.
Estados Unidos tuvo una estampida de la tasa de desocupación en apenas tres semanas, aumentando en más de 22 Millones de nuevos desempleados, siendo que la misma se situaba en los niveles más bajos de los últimos 60 años con valores circundantes al 3,6%. El seguro de desempleo aplicado en dicho país, se aproxima a la mediana del salario que perciben los trabajadores, situación muy diferente a la de países que poseen indemnizaciones al despido más elevadas y seguros de desempleo de menor cuantía.
Nuestro país, caracterizado por un sistema de empleo público más rígido que el empleo privado, y con asimetrías salariales geográficas, funcionales y generacionales más significativas, enfrenta una menor capacidad para adaptarnos a entornos de crisis.
A todos los argentinos, nos tiene que preocupar muy especialmente que existan 7,9 millones de personas que percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como consecuencia de esta crisis, dando a las claras que, a pesar del esfuerzo del estado al determinar medidas para satisfacer las demandas sociales, las mismas se tornan insuficientes en virtud de las asimetrías existentes en la estructura de ingresos de cada familia.
La pregunta que deberá responderse y conducirse desde la política, es si este escenario de pandemia servirá para modificar las reglas de juego, o simplemente se considerará un respiro para hacer más de lo mismo.
Por eso, es necesario generar desde el justicialismo este debate central en la realidad nacional e internacional, con el objeto de propiciar un nuevo tiempo para afrontar novedosos escenarios que nos identifiquen en la titánica tarea de construir un mundo más justo y equitativo.
La Argentina ha tenido históricamente tres restricciones estructurales asociadas a la falta de generación de un modelo energético sustentable, la insuficiencia de inversiones en infraestructura acorde para el desarrollo de la logística integrada, y el sostenimiento de una base exportadora competitiva.
Es preciso desarrollar un modelo energético integral con energía renovable y no renovable mediante una matriz de carácter estructural que potencie la agregación de valor y disminuya sustancialmente la asignación ineficiente de recursos en la economía; ejecutar las obras hidroeléctricas comprometidas, construir una cuarta usina nuclear, consumar una red de transporte de alta, media y baja tensión conjuntamente con las redes troncales y demás ramificaciones del gasoducto del centro, ramales de aproximación y conexiones domiciliarias, que permitan en su conjunto reducir el costo de producción argentino para garantizar más competitividad a nuestras inversiones.
La logística integrada implica promover una red de inversiones en materia de autopistas, redes ferroviarias, pavimento urbano, agua potable, cloacas, energía eléctrica, fibra óptica, puertos marítimos y fluviales, la hidrovía Paraná – Paraguay y pasos fronterizos con nuestra hermana república de chile que permitirán acceder a mayor competitividad económica para generar mayor valor agregado industrial.
La superación de la restricción externa implica producir localmente, aumentar y diversificar exportaciones con el objeto de lograr un fuerte superávit en cuenta corriente para capitalizar progresivamente reservas del BCRA, generando estabilidad monetaria. El círculo virtuoso de superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) permitirá ensanchar las reservas líquidas y por ende aumentar la proporción de estas en el PBI, logrando de este modo administrar los agregados monetarios sin una tendencia inflacionaria. Regular un sistema de precios relativos implica aceptar la regulación cambiaria (tipo de cambio), monetaria (tasas de interés), del precio de los bienes (precios máximos), del precio de los servicios ( generación, transporte y distribución de energía), y de un acuerdo salarial.
UN PACTO ARGENTINO
La construcción de un PACTO ARGENTINO implica aceptar colectivamente la necesidad de superar las restricciones, construir reglas y garantizar la ejecución de políticas públicas tendientes a desarrollar las economías regionales, la generación de empleo y el crecimiento de base industrial.
El PACTO ARGENTINO debe inexorablemente fijar metas de producción, empleo y exportaciones, como así también la implementación de una estrategia que resuelva las restricciones en materia energética, externa y logística para la construcción de una regla de equilibrio fiscal, de estabilidad monetaria y de competitividad cambiaria.
El desarrollo de las economías regionales, el plan de generación de empleo de calidad y una estrategia de crecimiento del valor agregado industrial para las cadenas productivas deben constituirse en las bases para la articulación del plan argentino.
Este pacto debe necesariamente contener una serie de anexos específicos como ser:
1. Plan energético con diversificación de la matriz y precios competitivos para lograr autoabastecimiento.
2. Plan de infraestructura y logística para mejorar la competitividad sistémica de nuestra economía.
3. Plan de producción, empleo y exportaciones para superar la restricción externa producto de una economía bimonetaria con insuficiencia de divisas.
4. Programa fiscal y financiero para lograr construir una regla de equilibrio en las cuentas públicas sobre la base de la equidad distributiva.
5. Programa monetario destinado a lograr estabilidad con baja inflación de largo plazo.
6. Programa cambiario que permita lograr una inserción internacional competitiva sobre la base de una regulación del mercado de capitales compatible con el sistema económico mundial.
7. Plan de desarrollo de economías regionales para dinamizar la matriz productiva con el objeto de promover el arraigo a nuestras comunidades y la igualdad de oportunidades.
8. Plan de generación de empleos de calidad en base a las nuevas tecnologías y a la capacitación creciente de nuestros recursos humanos.
9. Plan de desarrollo industrial con la potenciación del valor agregado de las cadenas productivas de valor integrando los procesos.
10. Plan de calidad institucional con reformas en la organización del estado destinado a mejorar la transparencia y la participación ciudadana.
Estos diez puntos, ameritan el abordaje de un acuerdo estructural con compromisos sólidos de los actores políticos, económicos y sociales que involucren el fortalecimiento de las convenciones colectivas de trabajo para arbitrar cambios en las relaciones sobre la base del consenso entre las partes, pero al mismo tiempo promuevan una modificación cualitativa del sistema de protección social con regulaciones más adecuadas de sectores dinámicos vinculados a la economía popular y del cuidado.
No podemos avalar pérdidas de derechos, sino reemplazar modalidades que permitan pasar de la potencia al acto. Más que escribir derechos, tenemos que tener la capacidad de hacerlos realidad con el esfuerzo compartido de los actores.
Finalmente, de lo que se trata, es de resolver nuestros problemas históricos en base a un diagnóstico común que permita aflorar las coincidencias en un contexto incierto y al mismo tiempo dramático. Esto implica promover el sentido común dejando de lado ciertos prejuicios y la exacerbación de ideologías reduccionistas en un mundo complejo.
Hoy más que nunca, los Argentinos nos debemos la construcción del Pacto Argentino. Con Todos y entre Todos.