Esto trae a la memoria presente una deuda que debemos a los argentinos y las argentinas; una política pública deportiva específica que durante el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri, fiel a una ideología derechista, economicista-empresarial, dejó de lado a millones de argentinos.
A través de los medios de comunicación -los pocos que informan sin condicionamientos- y por propias declaración públicas del Jefe de Gabinete, tomamos conocimiento de que “durante las últimas semanas, la TV Pública realizó las gestiones necesarias ante la empresa Torneos y Competencias para adquirir los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la Selección Argentina de Fútbol, tal como ocurrió para el mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, las cosas fueron distintas: intentamos comprar los derechos y recibimos resistencias, ninguneos y excusas”.
Hoy, ante un evento deportivo de claro interés para todos y todas, sin distinción de sexo y edad, se evidencia un problema, una restricción, una mengua de derechos, un privilegio para pocos o para un sector de la sociedad argentina.
La camiseta comprada, la trucha, la inventada -parafraseando a una periodista deportiva de la TV Pública-, demostró que el fútbol, a través de uno de sus protagonistas principales, atravesó a todos y todas, a las infancias, a los adultos mayores, y fue gracias no sólo a una histórica tradición futbolera argentina, a los potreros y clubes de barrio, sino a una decisión política que mira al pueblo y sus sentires, fortalece su identidad, que naciera allá por el año 1951, cuando se pudo transmitir por primera vez un partido de fútbol (River vs. San Lorenzo), para toda la población, facilitado por la iniciativa del Presidente Juan D. Perón.
Cuando, valiéndose de un Estado democrático acceden a cargos de poder máximos como es el Poder Ejecutivo Nacional, personas que no tienen una mirada integrada de la realidad de la sociedad a la cual van a gobernar, es decir, asumen un puesto político que no desea el bien para todos y todas sino que “usan la lapicera” para obstaculizar-prohibir-vedar el ejercicio de derechos deportivos, entre tantos otros, y favorecer a determinados grupos de interés, nos tropezamos con una realidad que se aleja por completo de un modelo de vida en democracia.
Larga, extensa y variada fue la discusión, allá por el año 2000 cuando en el seno de la Cámara de Senadores de la Nación se trabajaba sobre el texto de la Ley 25.342 “transmisión televisiva de partidos de la Selección Argentina de fútbol”; muchos de los actores económicos y fuerzas corporativas se vieron disminuidas con su sanción, y alzaron sus peores voces en contra de la misma; otro tanto cuando durante el gobierno de la actual Vicepresidente de la Nación, se llegó a un convenio con la Asociación del Fútbol Argentino para que La Televisión Digital Abierta (TDA) hiciera posible que el 85 % de la población argentina pudieran acceder gratuitamente al derecho de consumir de modo gratuito el deporte más popular del país, en todas las ciudades y pueblos, de norte a sur, de este a oeste. Hasta que durante el gobierno de la alianza PRO se dejó sin efecto (bajo reiterados y vacíos fundamentos de “populismos”) el mentado convenio.
Actualmente, los derechos de televisación faculta a grandes multimedios a prestar un servicio, no público, muchos menos gratuito, a un selecto sector de la población; empujando, quizás, a que varios de los argentinos deban mirar a través de una vidriera; como fue el caso del adulto mayor de la ciudad de Buenos Aires cuya imagen se viralizó durante el mundial de Qatar 2022, con la clara y contundente diferencia que ello fue una elección (por las razones que esgrimió el adulto mayor) no una imposición por la arbitrariedad económica.
Nos complace la decisión política de la sanción de la Resolución N° 228/2023 aunque ello no sea una solución definitiva, dado que conforme el detalle de su Anexo, quedan fuera muchas situaciones (fútbol femenino, fútbol adaptado, otros torneos nacionales, otros deportes nacionales, etc.) pero es oportuno para revisar la agenda de políticas públicas deportivas pendientes, y que urge que en un año electoral sea reconsiderada”.