Inicialmente se realizó una reunión con la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga; el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Atención y Acceso a la Salud, Paula Sartor; la titular de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, Paola Quintana; la directora de Coordinación General de Unidades de Protección Integral, Noelia Puppo; y el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.
La misma tuvo el fin de generar distintas políticas públicas para trabajar de forma articulada y coordinada para detectar y disminuir las uniones con menores y erradicar estas situaciones que conllevan daños que determinan la vida de niñas y adolescentes. También de generar un abordaje intraestatal, en pos de la sensibilización en la temática con los distintos dispositivos estatales en territorio.
Luego, desde la Defensoría se organizó un conversatorio con distintas áreas del gobierno provincial, referentes del poder judicial, lideresas de las comunidades indígenas y público en general, con el objetivo de compartir los datos arrojados por el informe, a fin de mejorar y fortalecer políticas de prevención que mejoren los derechos de las niñas y adolescentes. Como además se articularon talleres con adolescentes y operadores de ECA (Espacios Convivenciales Alternativos).
Sobre el informe y futuras acciones
Este trabajo de investigación fue realizado con el financiamiento del programa de Naciones Unidas para las Mujeres y se trata de un relevamiento en distintos puntos del país y en el Chaco, donde se detectaron algunas zonas con alta tasa de incidencia de uniones.
Producto de una primera muestra tomada con el objetivo de ampliar y actualizar la vinculación de la información existente.
La Defensoría del Pueblo busca ser receptora y promotora de este tipo de iniciativas en conjunto, para poder garantizar y evitar la vulneración de derechos de niñas y adolescentes.
El defensor del Pueblo, Bernardo Voloj dijo que “es clave visibilizar este tipo de situaciones, que se genere la información necesaria y no quede solo en un diagnóstico, sino que sirva para trabajar en políticas públicas que ayuden a evitar el menoscabo del derecho de las niñas. Por eso es absolutamente válido el trabajo interinstitucional y con los actores en el terreno para que esto no quede en saco roto y que se pueda lograr la concreción de políticas públicas al respecto”.