En una nueva reunión de la Mesa Contra la Violencia Institucional, el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga avanzaron, este viernes, en políticas estratégicas estructurales junto a autoridades provinciales, judiciales y legislativas, organizaciones civiles y familiares de víctimas. Se trabaja en seis ejes: conducción de la Dirección de Control Policial, sanidad policial, patrocinio a policías, informe de las causas de violencia institucional y acceso a la justicia, reparación económica y reforma policial.
El objetivo es impulsar políticas para la promoción y protección de los derechos humanos, visibilizar, prevenir y erradicar la violencia institucional en todas sus formas. “Hemos constituido una mesa para tratar la problemática de la violencia institucional, donde están familiares de víctimas de una multiplicidad de casos de resonancia que forman parte de una agenda de trabajo con la vicegobernadora, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros y la ministra de Seguridad y Justicia”, explicó Capitanich.
El mandatario adelantó que se trabaja también sobre reformas que se pretenden implementar en el proceso penal. “Estamos avanzando en un esquema acusatorio completo con oralidad y que garantice la mayor transparencia en el proceso penal”, adelantó. “Es un tema que requiere empatía, pero también instrumentalidad, por eso creemos que el sistema y el servicio público de seguridad deben ser perfectamente aplicados para preservar la vida, el patrimonio y la libertad de cada persona que habita nuestro suelo”, agregó.
Formaron parte del encuentro la jueza del Superior Tribunal de Justicia Isabel Grillo, el procurador General de la Provincia Jorge Canteros, la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch, la diputada provincial Mariela Quirós, y Ricardo Urturi del Órgano de Control Institucional de la Policía. Además de referentes de organizaciones civiles y familiares de víctimas.
La ministra de Seguridad Gloria Zalazar explicó que se logró poner en funcionamiento de manera completa la Ley de Seguridad Pública que es el primer gran paso para “transformar la policía con una formación en seguridad ciudadana con portación de armas”. “Esto implica que el instituto de formación, que funciona en el ámbito, tenga estructura orgánica con dirección civil y una formación que empieza a mutar hacia educadores especialistas en determinadas materias civiles”, detalló.
“La seguridad no es sólo ausencia de delitos, sino también trabajar en medios alternativos de resolución de conflictos, la práctica del diálogo, la mediación y la intervención temprana, es un combo que va a ir transformando estas cuestiones que aún subsisten. Con absoluta decisión política y firmeza hemos tomado y resuelto cuando hay que aplicar sanciones administrativas y también expulsar cuando alguien cometió una infracción”, finalizó Zalazar.
En cuanto a la Dirección de Control Policial, se realizó la evaluación de antecedentes, examen escrito y presentación del programa de trabajo y coloquio para la designación de la persona que ejercerá la conducción. En Sanidad policial, se avanzó en la coordinación entre los ministerios de Seguridad y Salud para la concreción del control médico civil para las personas aprehendidas. En patrocinio a efectivos policiales, el ministerio de Seguridad y Justicia informó que la Defensa Técnica Penal se encuentra regulada por Disposición Nº2915/2020 y por la Disposición Nº1857/2022 de Jefatura de Policía.
Por último, el informe de causas de violencia institucional y acceso efectivo a la justicia fue puesto a disposición de la mesa para que los familiares pudieran expresarse ante los funcionarios y funcionarias judiciales. En cuanto a reparación económica, se avanzó en antecedentes y la Ley Brisa, una propuesta pionera a nivel nacional que impactará en el desarrollo y acceso efectivo a los derechos a hijos e hijas de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente. La formación policial presenta por su parte la iniciativa del Ministerio de Justicia de modificación del instituto de Seguridad Pública y la Ley de Capacitación Transversal en Derechos Humanos.