“Se trata, por un lado, de incorporar a la Ley a los nuevos actores que intervienen en la industria cultural, tanto en lo que se refiere a la producción como a la circulación de bienes culturales”, explicó Quirós.
Por otra parte, esta modificación a la Ley plantea la concreción de su fondeo. “Es preciso -señaló la diputada- que ahora que el sector de las industrias culturales lleva años desarrollándose, se lo dote al fin de la herramienta concreta que pueda hacer realidad los fines de esta ley: es decir, de los fondos necesarios”.
La Ley de Industrias Culturales -promulgada en 2012-, fue ampliada en 2021 por iniciativa de Slimel. En esa ocasión la modificatoria tenía por objetivo paliar los efectos negativos que la pandemia había provocado en el sector.
La modificatoria impulsada ahora en el Proyecto de Ley Nº 926/2022 por Quirós y Slimel busca “generar herramientas con arraigo y sostenibilidad en el tiempo, que permitan al Estado abordar el desarrollo de las cadenas de valor con orden y proyección en el marco de una verdadera política económico-cultural”.
Para dimensionar el impacto de las industrias culturales en la economía, Quirós y Slimel advierten que “las industrias culturales, entre 2004 y 2016 evolucionaron favorablemente en términos reales a una tasa anual del 4,8%, superior al total de la economía (3,0%) en dicho período”. “Además, las industrias culturales comprenden una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas a nivel mundial. En nuestro país generan 177.481 puestos de trabajo asalariado en el sector privado, representando el 2,7% del empleo total”.
Por ese motivo, destacó Quirós, “es fundamental generar las herramientas necesarias, como estas leyes y los fondeos, para atacar la informalidad del sector y fortalecer su desarrollo”. Este proyecto –que fue, además trabajado junto a los distintos sectores que comprenden las industrias culturales— fortalecerá el fondeo de una Ley democrática en su esencia, en tanto y en cuanto asume y alienta la convocatoria de proyectos.
La Ley de Industrias Culturales nació en 2012 y representó en su momento una herramienta de avanzada, pero nunca se concretó su fondeo. La iniciativa presentada por Quirós y Slimel señala, en su artículo 9, que el fondo de la Ley de Industrias Culturales surja del impuesto a las plataformas over the top (OTT). “Un fondeo estable y sustentable en el tiempo, que permitirá el desarrollo de las industrias culturales como una política de Estado”, señaló la diputada por el Frente de Todos.
Asimismo, la modificación que propone al artículo 2 contempla “un concepto más amplio de las industrias culturales, acorde a los progresos que en materia de tecnología se han verificado en este tiempo, especialmente por las condiciones de digitalización a que la pandemia forzó a las fuerzas creativas del emprendedurismo”.