En primer lugar, se sancionó la propuesta remitida por el Superior Tribunal de Justicia, por la que se actualiza la Ley Provincial Nº 840-F Nuevas Tasas para Actuaciones Judiciales ante Tribunales Provinciales. Esta norma tiene como objeto “readecuar ciertos valores y contemplar supuestos que no tienen a la fecha consagración legislativa a fin de evitar la afectación del erario público”.
En particular, entre otras modificaciones, se incrementa y unifica en un tres por ciento (3%) el porcentaje del aporte de tasa de justicia “a los efectos de mantener incólume el valor que constituye recurso específico del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, conforme Ley Nº 839-A y su principal fuente de ingresos propios y genuinos”.
Seguidamente, se aprobó la iniciativa promovida por el diputado Francisco Romero Castelán, por la que se prorroga por un año el plazo de vigencia de la ley 1388-M, que establece la suspensión de los procesos de ejecución hipotecaria y otro tipo de ejecuciones que afectan la vivienda única.
El autor explica que “es una Ley muy importante en materia de protección social” y su vigencia es particularmente relevante “porque valora el proceso actual que vive la Argentina en materia de reparación de los sectores sociales, y la intervención del estado para garantizar derechos esenciales como el de la vivienda, con políticas públicas claras”.