El conflicto comenzó el 21 de agosto del 2022 y a pesar de las constantes denuncias y presentaciones en la Justicia asegura que no tuvo respuestas.
La damnificada relató: “Nos usurparon un terreno que era de mi padre, más precisamente nuestro hermano por parte de padre, por la disconformidad de las documentaciones que tenía mi mamá como viuda, a partir de allí empezó un conflicto entre nosotros como familia”.
Además, aseguró que tras la usurpación este hombre comenzó a regalar y vender sus tierras a gente desconocida, que tomaron el lugar.
La denunciante mencionó que su medio hermano “ofertó esos terrenos, para sean usurpados, más que nada en forma de venganza, él declaró así, está en las denuncias. Hasta el momento hemos hecho infinidad de denuncias, como para que la fiscal avance con el caso”.
Por otro lado, señaló que cuando la otra parte de la familia se hace presente en los terrenos, “los usurpadores, especialmente la concubina de mi hermano ataca a la familia. Ella paga a personas para que nos agredan, para que nos cansemos y dejemos de reclamar nuestra tierra”, y agregó, “muchas veces veníamos golpeadas, lastimadas con varias golpizas”.
La denunciante aclaró también que su familia es de pueblos originarios, “mi mamá y mi papá (fallecido), son uno de los antiguos habitantes de la localidad y como tales tenemos las documentaciones que fueron avaladas por la institución de la Asociación Comunitaria de la localidad, ellos tienen los títulos de propiedad para cada uno de los habitantes, a partir de que ellos nos dan esos papeles nosotros somos ocupantes legítimos”.
La familia propietaria solicita el desalojo de los usurpadores y asegura que “hacen negocio con nuestra tierra, ellos venden nuestras parcelas, la Asociación Comunitaria la ha encargado de darles su parte si es que en verdad necesitan, pero no tierras que ya tienen legítimos ocupantes como en el caso nuestro de esas parcelas”.
Además del desalojo, esta familia solicita “una medida de restricción para las personas que nos agredieron pedimos que la fiscal intervenga con rapidez para que no se demore más porque están edificando y necesitamos que paren las construcciones y que haya una orden de restricción hasta tanto se termine con este conflicto”.
Son 14 hectáreas las que fueron usurpadas y el lugar tiene dos legítimas ocupantes, finalmente la denunciante hizo un último pedido a la Justicia: “Queremos que nos devuelvan nuestra tierra sin conflicto, que podamos ingresar al lugar sin que nos peguen, sin que nos agredan, sin que nos traten de matar porque estamos en peligro cada vez que vamos a ver nuestro terreno”