En el marco de la judicialización del proceso de regularización laboral en la administración pública impulsada desde la oposición política y en plena transición hacia el cambio de Gobierno que se concretará el 10 de diciembre, el fiscal de Estado, Alejandro Herlein, llevó tranquilidad a las y los trabajadores y aseguró que defenderá “la regularidad de los concursos” teniendo en cuenta que “fueron dictados por el gobernador Jorge Capitanich en el uso de sus facultades”.
En declaraciones a la Agencia FOCO, aclaró que son cinco los Decretos emitidos por el Ejecutivo provincial cuestionados judicialmente, entre los cuales sólo uno -vinculado a contratos de servicios que pasarían a la planta permanente del estado provincial directamente sin concurso de oposición-, tendría que ser revisado y por eso inició la acción de inconstitucionalidad.
Más de 5000 inscriptos
Según los registros oficiales, para el proceso de regularización laboral se registraron más de 5.000 inscriptos, en las siguientes categorías: 1.201 profesionales, 2.340 administrativos, 1.092 servicios y 627 obreros-maestranza.
Desde el Gobierno, recordaron que el proceso se llevará adelante mediante concursos de antecedentes y oposición, cuyo resultado derivará en una lista de orden de mérito que se utilizará para cubrir cargos vacantes por el plazo 2023–2030.
“Este es un tema muy sensible, muy delicado, porque hay mucha gente que por distintas cuestiones está vinculada al Estado hace mucho tiempo y más allá que tal vez esos vínculos no sean los ideales, porque tienen algunas notas de precariedad, voy a defender la legalidad de los concursos; porque entiendo que fueron dictados por el Gobernador en ejercicio de sus facultades”, insistió el fiscal de Estado.
En ese sentido, subrayó que cuatro de los Decretos “están en consonancia con distintos fallos del Superior Tribunal de Justicia”, donde insta a la provincia a llevar adelante los concursos de oposición y antecedentes para regularizar la situación de las personas que están en esa situación precaria.
Decreto cuestionado
A su vez, Herlein se refirió a la acción de inconstitucionalidad que impulsa, pero aclaró que “ataca” sólo al Decreto 2656. Los otros instrumentos no cuestionados por el fiscal de Estado son el 1453, 2244, 2118 y 28, todos del 2023.
La información fue difundida en medios de comunicación y generó confusión teniendo en cuenta que se planteaba que con esto presentación judicial la Fiscalía de Estado cuestionaba todos instrumentos dictados por el Poder Ejecutivo. “Interpuse la acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia porque entiendo que ese Decreto 2656 habla solamente del concurso de antecedentes y, en ese sentido, no se puede acreditar la idoneidad del postulante”, explicó el fiscal de Estado.
En ese marco, aclaró que la acción forma parte de las atribuciones que tiene la Fiscalía de Estado, pero independientemente de eso se ha cursado una nota al gobernador de la provincia Jorge Capitanich para que designe a un funcionario a los fines que defienda la legalidad de ese instrumento. “Si yo lo estoy atacando con una acción que es inconstitucional, no lo puedo estar defendiendo en otra causa diciendo que sí es constitucional”, expuso.
La ley prevé que el trámite ahora tiene que pasar al procurador general Jorge Cantero, quien dictaminará respecto de la admisibilidad de la demanda y revisará distintos requisitos. En caso de considerarla admisible, pasará al Superior Tribunal de Justicia del Chaco para que determine si corresponde conferir traslado. En este caso, por ley, corresponde que se le confiera traslado al asesor general de Gobierno, para contestar por parte de la provincia. En cualquier otro caso, “si la inconstitucionalidad la interpusiera cualquier ciudadano, la tendría que contestar yo; pero en este caso como soy el fiscal de Estado el que la interpone, corresponde que lo haga el asesor general de Gobierno”, cerró Herlein.