Otra de las iniciativas sancionadas en forma unánime es la impulsada por el Superior Tribunal de Justicia, a partir de la cual se aprobaron dos leyes que modifican la ley N° 913-B, del Ministerio Público y crean cargos destinados a cubrir las funciones de Secretario del Defensor Penal, Secretario del Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes, Secretario de Asesores de Menores de Edad y Prosecretario de Defensoría Barrial en la estructura de las dependencias que integran el Ministerio Publico de la Defensa.
Además, se convirtió en Ley la obligatoriedad de que los supermercados e hipermercados que funcionen en el ámbito de la provincia cuenten con carritos y canastos de compras adaptados para el uso de personas con movilidad reducida; proyecto que fuera impulsado por la Presidenta del Poder, Élida Cuesta.
Seguidamente se creó el Programa Provincial para la protección de las abejas, como insecto útil en la preservación de los ecosistemas dada su función como agente polinizador, más allá de su explotación como actividad económica prevista por la ley 966-I; iniciativa autoría del diputado Livio Gutiérrez.
Finalmente, se ratificaron decretos del Poder Ejecutivo referidos a bonificaciones y readecuaciones salariales para distintos estamentos de la Administración Pública.