Durante el encuentro, los Mecanismos de Prevención expusieron sobre su funcionamiento, fortalezas y debilidades. Se hizo hincapié en la necesidad de lograr una integración plena de en distintas provincias y en la asignación de un presupuesto adecuado para su correcto funcionamiento. Se aprobó además la incorporación del recientemente conformado mecanismo de la Provincia de Chubut, sumando fuerzas para robustecer la red.
El Consejo Consultivo de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura reafirmó de esta manera su compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos en Argentina y seguirá trabajando en conjunto para garantizar el respeto a la dignidad y la integridad de todas las personas.
Mesa de trabajo
Previo a la sesión ordinaria, se realizó el miércoles una mesa de trabajo donde los asistentes discutieron sobre asuntos clave que involucran la actuación de las fuerzas públicas, las facultades policiales de detención sin orden judicial, la creación de un registro nacional de casos de tortura y malos tratos, y la conmemoración de los 10 años de la Sentencia Mendoza Vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En relación al uso de la fuerza pública, se destacó el consenso alcanzado en la necesidad de establecer estándares y principios de actuación que regulen la actuación policial en protestas sociales. Este enfoque busca reafirmar los principios internacionales en el uso de la fuerza pública, teniendo en cuenta las iniciativas legislativas vigentes.
Asimismo, se resaltó la importancia de adoptar reformas normativas y prácticas que limiten la discrecionalidad en las detenciones sin orden judicial. El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y garantizar el respeto a los derechos de las personas detenidas.
Otro punto relevante fue el debate sobre la creación de un registro nacional de casos de tortura y malos tratos, con el propósito de unificar los criterios utilizados por las provincias. Actualmente, existe una dispersión de formas de registrar las violaciones a los Derechos Humanos en ámbitos de privación de libertad. El objetivo es adoptar un criterio unificado, conforme a lo establecido por la Ley Nacional 26.827, que establece el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
En el marco de los 10 años de la Sentencia Mendoza Vs. Argentina, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que declaró que las sentencias a prisión perpetua adolescentes viola los compromisos internacionales asumidos en materia DD.HH, la Defensoría General solicitó colaboración a los Mecanismos para detectar posibles violaciones y se reafirmó la necesidad de monitorear los dispositivos que alojan a jóvenes en conflicto con la Ley Penal.