La audiencia se realizará a las 11.00 de forma virtual y participarán sus familiares desde el Juzgado Federal de Paso de los Libres, ciudad de la que era oriunda la víctima.
En marco de esto, el fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Diego Vigay, detalló en Chaco TV que este caso comenzó a investigarse a partir del año 2012, momento en el que se han tomado testimonios de familiares, trabajadores de la funeraria, compañeros de estudio y se llegó hasta el equipo de Antropología Forense, quienes exhumaron el cuerpo y, mediante un examen, constataron que la víctima tenía dos heridas de arma de fuego (una de ellas en el cráneo).
“Las personas que estuvieron imputadas en este caso fallecieron en el transcurso de la investigación y hoy no pueden afrontar el juicio oral. Tampoco hay posibilidades en esta etapa de identificar a otros autores”, contó el fiscal Vigay, sin embargo, explicó que “se llega a una sentencia por Derecho a la Verdad, que es lo que pidieron los familiares, y puede sentar algún precedente de que en casos de lesa humanidad de la dictadura, no existiendo imputados con vida, se pueda dictar este tipo de sentencias que de alguna manera tiene el objetivo de ser reparación para la familia”. “Es importante el hecho de pensar el derecho penal en estos crímenes de lesa humanidad con carácter punitivo, que son importantes las condenas, pero ante esa imposibilidad, que también sirva como elemento de reparación de acceso al derecho a la verdad”, remarcó.
En ese sentido, Vigay destacó que “pasados 40 años de recuperación de la Democracia, la Argentina es reconocida a nivel mundial por este juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que lleva adelante. Es admirada en el mundo por haber llevado adelante este proceso”, y agregó que “en el Chaco también se han profundizado esas causas porque se ha logrado reconstruir todo lo que pasó con la Masacre de Margarita Belén, el fusilamiento de dirigentes de las Ligas Agrarias, y todo lo que pasó en el centro clandestino de las brigadas de investigaciones. También se ha juzgado la complicidad judicial, tuvo el precedente de ser el primer caso de juzgamiento a los genocidios indígenas en marco de los crímenes de lesa humanidad (Masacre de Napalpí) y también, en los juicios Caballero I y Caballero II, se trató la violencia de género, la violencia sexual, y se lograron condenas muy importantes”.