La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, constituida como querellante en la Causa Greco, elevó recientemente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un recurso federal extraordinario. El organismo busca que, en caso de ser declarado admisible, se remita la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que deje sin efecto la sentencia que absolvió de culpa y cargo por falta de pruebas a los cuatro imputados por privación ilegítima de la libertad y vejaciones cometidas contra Juan Ángel Greco.
Según expresaron desde la querella, la decisión de absolver por falta de pruebas a los imputados Adolfo Eduardo Valdez, Ramón Antonio Brunet; Francisco Walter González y Jorge Antonio González “constituye un supuesto de sentencia arbitraria desprovista de todo apoyo legal”. “Se está poniendo en crisis la plena vigencia de tratados internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregaron.
De acuerdo a lo expuesto en el documento oficial presentado por la Secretaría de DDHH y Género, lo dispuesto por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia el pasado 13 de octubre del 2020 y confirmada este año por el STJ, se contrapone con el derecho a conocer la verdad de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la vez que se violenta el derecho de acceso a la justicia.
Habiéndose conocido la resolución de la Cámara Tercera en lo Criminal, la Secretaría de DDHH y Géneros apeló la sentencia mediante un Recurso de Casación. Finalmente, la Sala II en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió rechazar los recursos formulados por la Fiscalía en lo Penal Especial en Derechos Humanos y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. La sentencia Nº 02/03, dictada el pasado 22 de febrero de 2023 y notificada por cédula el 24 de febrero, llevó las firmas de los jueces Emilia Valle y Alberto Modi, por inhibición de su par Víctor Del Río.
“Es un hecho cometido por fuerzas de seguridad, catalogado como violencia institucional donde se vulneraron las garantías constitucionales y convencionales de Juan Ángel Greco. Fundamentamos que nos agravian con las sentencias, tanto de la Cámara como la última sentencia del STJ ya que entendemos que, de acuerdo a las pruebas producidas en juicio oral, la privación ilegítima de la libertad y las vejaciones cometidas contra Juan Ángel Greco se encuentran probadas. La valoración probatoria en causas que involucran a efectivos policiales, debe darse con una perspectiva en derechos humanos y salud mental concordante con la normativa vigente”, explicó Romina Duarte, abogada del equipo legal de la Secretaría.
El caso
Juan Ángel Greco era un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada el 4 de julio de 1990 en la comisaría de Puerto Vilelas. Por la muerte de Greco fueron condenados los agentes Adolfo Valdez, Julio Ramón Obregon, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y absueltos los agentes Juan Carlos Escobar y Ramón Brunet, por el delito de abandono de persona seguido de muerte.
Ante la impunidad del caso, los familiares de Greco recurrieron a la Comisión IDH que dispuso la reapertura de la investigación comprometiendo al Estado chaqueño (representado en sus tres poderes del Estado) a llevar adelante una serie de medidas reparatorias para la familia, y a la reapertura de las investigaciones penales y administrativas contra los presuntos responsables de la detención ilegal y de la muerte del artesano, todo esto enmarcado en un acuerdo amistoso entre partes.
Se dispuso con esto, el trabajo de forma conjunta entre Provincia, el órgano de control (Comité Provincial para la Prevención de la Tortura), la Procuración General, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Cancillería Nacional, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Además, se acordaron diferentes compromisos, entre los que se figuraron tratar el proyecto de ley de la estructura orgánica del Comité Provincial de la Prevención de la Tortura; también iniciar un plan de trabajo para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía Especial en lo Penal de Derechos Humanos y la revisión del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI).