Maria Gattinoni y Rodolfo Vigo, integrantes del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral que organizó las jornadas, recordaron que esta iniciativa persigue desde hace quince años “reflexionar sobre distintos temas relativos a las mejores respuestas que se pueden brindar desde un Poder Judicial fortalecido institucionalmente”. Por su parte, Vigo destacó que el lenguaje “es un tema relevante a los fines de obtener el mejor Poder Judicial posible para nuestro país”, y subrayó “la íntima conexión entre el lenguaje y el derecho”. “Acá estamos los juristas necesitados de saber qué vamos a entender por semiótica jurídica. Es uno de los temas de agenda del que no podemos prescindir”, reflexionó.
“La obligación de hacerse entender”
En su intervención, Valle aseveró que “el lenguaje claro significa mucho más que eso, es un cambio de paradigma que implica volver a pensar en la ciudadanía como destinataria de los documentos jurídicos”. “Sin dudas la ciudadanía tiene derecho a entender y, como contrapartida, el Estado la obligación de hacerse entender”.
Recordó que la red de lenguaje claro se presentó en 2018 en Argentina y que, en consonancia con la iniciativa, Chaco aprobó la guía de aproximaciones al lenguaje claro. Analizó que la dificultad para la comprensión de textos jurídicos conduce al “aumento de la desconfianza en una Justicia que la ciudadanía siente lejana”, y aseguró que esto contribuye a “la afectación del acceso a la Justicia en tanto derecho a comprender las comunicaciones que emanan de sus órganos”.
Coincidió con la lingüista forense Mariana Bozzetti, al señalar que una de las causas de la opacidad del lenguaje jurídico se vincula con “elecciones poco eficaces, que se basan en usos y costumbres sin una reflexión acerca del discurso en un sentido más amplio”. Al finalizar su exposición, la presidenta del STJ se refirió a los conceptos de Justicia cercana y de garantía de proximidad “que es mucho más que estar cerca de”. “Implica proximidad en varios sentidos, entendida como una actuación empática con las costumbres y la cultura de los justiciables, como actuación inclusiva no discriminatoria, proximidad en el sentido de comprensible, de lenguaje entendible, sin tecnicismos innecesarios”, añadió.
“El proceso de transformación de la Justicia no debe limitarse a la digitalización y a la incorporación de herramientas tecnológicas sino también a lograr una Justicia comprensible. Ello impone mejorar la comunicación de los documentos judiciales, simplificar trámites y evitar que el estilo de redacción utilizado aumente la complejidad de la materia. Solo así la Justicia será fortalecida por la legitimidad de ejercicio que necesita para hacerse realidad, cada vez más y mejor”, concluyó.