Con declaraciones de expertos en antropología forense e investigadores, se realizó este jueves 12, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) de Buenos Aires, la sexta ronda de audiencias orales y públicas del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. El 19 de mayo serán los Alegatos finales de la Fiscalía y las Querellas en Resistencia.
El Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, que tiene a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia como querellante, comenzó el 19 de abril con un debate oral y público que investiga como crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de los miembros de comunidades Qom y Moqoit, además de criollos, en 1924 en el Chaco.
En ese marco, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, afirmó: “Hablamos de un crimen de lesa humanidad porque con la masacre de Napalpí ocurrió eso, intentaron negar la verdad, una verdad negada a sangre, golpes y tormentos. La posibilidad de que un juicio desande el marco de la impunidad y que le dé importancia a la escucha para que pueda finalizar con una sentencia que establezca las responsabilidades de los Estados, es realmente una gran transformación de la justicia. Necesitamos una relación donde se oigan las voces de los protagonistas y las víctimas”.
Durante la jornada de este jueves, prestaron declaración Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y los investigadores e investigadoras de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton, quienes a través de su trabajo reconstruyeron cómo funcionó la reducción Napalpí, el contexto histórico de la masacre y de otros hechos similares.
La jueza Zunilda Niremperger, recordó durante el debate que el objetivo de este proceso es avanzar en una reparación histórica por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en 1924 contra unas 400 personas de las etnias Qom y Moqoit. Se trata de un “juicio por la verdad” debido a que no tiene imputados, y en el que declaran sobrevivientes, descendientes de las víctimas e investigadores y testigos de contexto.
Los testimonios brindados por profesionales coincidieron en la recreación y consecuencias de lo sucedido en la Reducción Aborigen de Napalpí -hoy llamada Colonia Aborigen-, a unos 150 kilómetros de Resistencia. Es importante recordar que las reducciones eran sitios creados por el Estado para concentrar a las poblaciones indígenas y poder explotarlas como mano de obra barata.
Testimonios
Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), durante su testimonio brindó detalles sobre su trabajo, lo cual dejó ver la forma en la que, tras la matanza, la masacre intentó ser ocultada por medio de fosas comunes y sepulturas sin identificación.
“Nosotros realizábamos excavaciones de lo que eran los entierros, algunos estaban marcados con cruces que nos daban indicios de que se podía tratar de una fosa común. Lo que nos propusimos fue agotar o basar nuestras exploraciones en las declaraciones testimoniales que nos daban cuenta de los posibles lugares de entierro. Esos sitios, los primeros donde se produjeron los hallazgos de restos óseos fueron donde nos dirigimos. La estrategia para la búsqueda se trató en sondeos, trincheras, de manera manual o con retroexcavadoras con supervisión de arqueólogos”, explicó la experta.
En este sentido, Valeria Mapelman, documentalista e investigadora señaló en consonancia con declaraciones similares a la de otros investigadores, que lo ocurrido en Napalpí tuvo una gran carga de responsabilidad estatal por ser el órgano que quitó derechos a las comunidades. Así mismo remarcó que lo ocurrido en esta reducción, funcionó como puntapié para otros atropellos años más adelantes, como los ocurridos en la región formoseña y paraguaya.
“La represión funcionó no solo desde adentro de la reducción a mano de las Fuerzas Armadas, sino también desde los privados, desde afuera. Después de haberse apropiado y desterritorializado a través de diversas campañas de violencia, había que pensar qué hacer con los sobrevivientes, y la respuesta fue esta; las reducciones indígenas”, afirmó. “Fue masiva la distribución y trata de niñas y mujeres en las ciudades, los varones eran enviados a trabajar en los ingenios”, agregó.
“Ellos ya sabían que entrando en el régimen de la reducción indígena iban a perder su libertad”, expresó al remarcar que la huelga llevada a cabo por las comunidades qom, moqoit y por los criollos se debió a un reclamo legítimo por mejoras salariales y humanitarias y no así a una rebelión violenta.
Mariano Nagy, de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Ciencias Antropológicas, planteó: “Cuando ocurrió lo de Napalpí, todas las caracterizaciones jurídicas ya existían, salvo la del genocidio”, al explicar lo masivo de lo sucedido pero la falta de protección con la que contaban los sobrevivientes para realizar un reclamo inmediato.
La antropóloga Diana Lenton, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena, señaló: “¿Por qué decimos que el genocidio continúa? No sólo porque el sufrimiento y la violencia se heredan, sino porque la política del olvido sigue presente, la ignorancia acerca de la existencia de los pueblos, por un lado, y el sufrimiento a raíz de esta invisibilización por el otro. Lo que llamamos a realización simbólica del genocidio”.
Héctor Trinchero, investigador y autor de la obra “Los Dominios del Demonio”. Civilización y. Barbarie en las fronteras de la Nación. El Chaco Central declaró: “Existió un sistema por parte del Estado nacional, que fue la reducción, en la cual se perdieron los derechos ciudadanos porque fue un sistema en el cual por medio del control se buscó el disciplinamiento por la violencia de la fuerza de trabajo”. Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni, abogado penalista, juez, jurista, escribano y criminólogo, aseveró: “La masacre de Napalpí no es un conflicto del pasado, es un conflicto que sigue vivo y el estado tiene una deuda; esclarecer la verdad de lo sucedido”.
Lectura de los alegatos
La audiencia, al igual que sucederá en las siguientes, contó con el acompañamiento de comunidades indígenas y agrupaciones de Derechos Humanos y público en general, convirtiéndose en un hecho histórico para toda la sociedad. También, estudiantes de instituciones educativas, en este caso chicas y chicos de la Escuela Nº 1 DE 3 Valentín Gómez y Escuela “Juan Martín de Pueyrredón” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron partícipes de este proceso judicial, por medio del programa “La escuela va al juicio”.
El Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad, es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la Fundación Napalpí, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.
El 19 de mayo serán los Alegatos de la Fiscalía y las Querellas en el Centro de Convenciones de Resistencia Chaco. Tal y como sucedió en las jornadas anteriores por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, quienes así lo deseen quedan invitados y podrán seguir la transmisión en vivo, a través de la cuenta oficial de Youtube de Chaco Gobierno de Todos.