El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, llevó a cabo este viernes la segunda jornada de capacitación de la Ley Micaela, en este caso, en el Centro Integrador Comunitario del Chililly, ubicado en el Barrio Gran Toba de Resistencia. Luego de casi dos años de pandemia, se busca llevar adelante una agenda de trabajo presencial y sostenido en el tiempo para empezar a construir redes y trabajar en conjunto en esta temática.
El encuentro “Redes para la igualdad, ¿Qué es la Ley Micaela?” tiene como objetivo fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y la comunidad, a través de encuentros territoriales en diferentes puntos de la provincia con vecinos, referentes comunitarios y organizaciones sociales y políticas, entre otras. El mismo busca repensar nuestras prácticas, desterrar los prejuicios sociales de género mediante la participación de la comunidad y el aporte de los distintos sectores de la misma.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, destacó que en estos talleres se trabajará sobre la Ley Micaela y la adhesión provincial de la Ley Natalia Samaniego para que las mismas “no transversalice solamente las prácticas institucionales, sino también nos permita construir comunitariamente una red para transformar la realidad en la que vivimos, para que sea más igualitaria y equitativa, disminuyendo los índices de violencia por motivos de género”.
Siguiendo esta línea, la funcionaria también hizo hincapié en la presentación de un proyecto al Ejecutivo, la cual se firmó esta mañana y que tiene por finalidad realizar una guía de procedimiento para las emergencias por razones de género. “Es un trabajo muy interesante propuesto por familiares de víctimas, la organización Ni Una Menos y el Estado, para enfocarse no solo en la contención en el momento de la denuncia, sino también en la atención de la emergencia por violencia”, explicó.
“Se plantearon cuatro meses de trabajo intensivo con las dos líneas del 911 de Resistencia y Sáenz Peña para plantear esta guía de procedimiento que permitirá consensuar y priorizar las emergencias por razones de género. Esta herramienta trabajada en conjunto, será un instrumento para capacitar al resto de las comisarías, las cuales ejecutan la primera orden ante una denuncia”, agregó Pérez, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Género y Diversidad, Delia Pérez; y la directora de Diversidad, Úrsula Sabarece.
La Ley Micaela obliga a todas las personas que integran los distintos estamentos de los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) a nivel nacional y provincial, a capacitarse obligatoriamente en género con el fin de lograr intervenciones más eficientes y políticas públicas con un compromiso real, para prevenir y erradicar las violencias hacia las mujeres y las diversidades.
De manera que, con la puesta en marcha de esta ley, se ha institucionalizado la perspectiva de géneros, tornándose inadmisible que un funcionario/a, juez/a, empleado/a estatal, legisladores/as y fuerzas policiales, entre otros/as, reproduzcan estereotipos de género y re-victimicen a las mujeres y diversidades víctimas de violencias de género.
Como parte de la aplicación efectiva de la ley en el territorio provincial, en el año 2020 se capacitaron a 604 agentes, siendo el primer año de implementación efectiva y con la dificultad de hacerlo con la pandemia y el aislamiento obligatorio de por medio. Superada esa etapa, en diciembre del 2021 la cifra ascendió a un total de 3.641 trabajadores y trabajadoras estatales alcanzados en los 69 municipios de la provincia, una cifra que se busca seguir aumentando.