En diálogo con Radio Provincia, la magistrada explicó que los animales que son secuestrados son porque se reciben denuncias de que son maltratados. Agregó que también se procede a retirarlos de la vía pública porque se los observa que están sueltos a los márgenes de las rutas.
Detalló que el procedimiento implica llevarlos al predio de la Policía Rural donde se les hace un examen veterinario para determinar cuáles son sus condiciones y si tienen alguna marca que identifique a su dueño. Allí se les coloca un carimbo para identificarlo y ahí se inicia lo que es el proceso judicial.
En este punto valoró el trabajo que realiza la Fundación Libera que permite que los animales secuestrados no permanezcan mucho tiempo en el predio ya que los reparte en diferentes campos que tiene esta Fundación donde esperan a ver cómo avanza el proceso
Explicó que en la mayoría de los casos el animal es decomisado ya que, mediante el informe veterinario, se confirma el maltrato y en muy pocos casos se los restituye.
Más allá de esto remarcó que este tipo de procesos judiciales tardan hasta un año ya que hay que librar distintos oficios ya que la mayoría de los caballos que ingresan no tienen marca, o tienen marca y contra marca ya que o fue vendido o en algunos casos se comprueba que fue robado. “La mayoría de los caballos que circulan en Resistencia no están bien de papeles”, aseveró.