En el marco de esta emergencia, Emilia Valle confirmó se está trabajando “conectados con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y con asesores nacionales e internacionales”. “Hemos tenido que trabajar en una etapa de revisión de servidores, más de 3500 máquinas de escritorio, instalación de sistemas y programas. Un arduo proceso de recuperación de datos”, agregó.
En lo que respecta a lo civil, detalló que “Sáenz Peña y Resistencia son las circunscripciones más complicadas por la gran cantidad de información”. “De todas formas se ha recuperado, una base que tiene constancia de todos los pasos y secuencias de los expedientes, por lo cual, de tener que realizar un proceso de reconstrucción, sería mucho más fácil”, aseguró.
“Venimos realizando reuniones con los presidentes de colegios y consejos de abogados, con el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, con la presidenta de la Entidad de Justicia de Paz y los gremios judiciales, para trabajar mancomunadamente y seguir brindando el servicio de justicia que la ciudadanía merece y reclama, legítimamente”. En ese orden “hemos establecido un protocolo de contingencia y lineamientos de trabajo, que tendrá vigencia desde hoy y va perdiendo aplicación a medida que logramos reestablecer totalmente los servicios y sistemas”, manifestó.
En lo que respecta a cuestiones externas, Emilia Valle informó que “se suspenden los servicios, excepto los trámites urgentes, como órdenes de pago, juicios de alimento, honorarios”.
Así también, mencionó que “los términos y audiencias para la reorganización están suspendidos hasta el 13 de febrero. Después de ese período, se puede suspender un expediente particular por alguna razón, cuando se haya afectado total o parcialmente la información; o términos y audiencia para algún organismo en particular, que lo requiera, por un plazo determinado.”
Por otra parte, la presidente del STJ, anunció que en este protocolo de contingencia están previstas “las notificaciones que se harán por nota, cédula o cualquier otro método no digital, la atención telefónica permanente para auxiliares de la justicia y para la ciudadanía en general, correos especiales para consultas de saldos de cuentas bancarias, la difusión de las listas de despacho, una guía judicial de toda la provincia y, finalmente, el proceso de reconstrucción que confiamos en no tener que hacerlo”.
Finalmente, remarcó que se trató de un “ataque realizado por un grupo de ciberdelincuentes que encriptan la información y piden rescate, del cual ignoramos el monto porque es un proceso delictivo del que no íbamos a ser parte, de ninguna manera”. En este sentido, destacó el trabajo continuo de la Dirección General de Informática en la recuperación de datos.