La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay, ofreció las pruebas que se reproducirán en el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, que se desarrollará el año próximo.
El ofrecimiento de pruebas -formulado ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia- incluye cuarenta testimonios entre los que se encuentran, en primer lugar, los y las sobrevivientes como Rosa Grilo, de 114 años. En este caso, junto a su familia, se evaluará la posibilidad de que preste declaración testimonial de manera presencial o que se reproduzca su declaración filmada ante la fiscalía. También existen otros registros audiovisuales de entrevistas a otros sobrevivientes fallecidos como Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta, que fueron incluidos en el ofrecimiento.
Además, por la implicancia de la trasmisión del relato oral de generación en generación en la cultura indígena, se propuso la declaración de Sabino Irigoyen y Mario Yrigoyen- hijos de Melitona Enrique-, de Felipa Lalecori, Hilaria Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Fernando Enríquez, Ramona Pinay y Ortega Guillermo, descendientes en primer y segundo grado de sobrevivientes Qom y Moqoit .
Por otra parte, la fiscalía propuso para declarar investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica y en el relevamiento de las voces de los abuelos sobrevivientes, como Raúl Mario Fernández, David García, Miriam Raquel Esquivel y Gustavo Gómez, del pueblo Qom; y Juan Carlos Martínez y Florencio Ruiz, del Pueblo Moqoit .
También requirió la reproducción de una entrevista al historiador Juan Chico, recientemente fallecido. Se trata del principal historiador indígena de la Masacre de Napalpí que participó activamente en todo el proceso de reconstrucción histórica de la comunidad y fue autor de los libros de investigación sobre los hechos “La Voz de la Sangre” y “Las Voces de Napalpí”.
La fiscalía propuso realizar al menos una audiencia en el Juzgado Federal de Sáenz Peña o en alguna institución con buena conectividad en el interior, ya que la mayoría de los testigos indígenas propuestos viven en la zona de Machagai y Colonia Aborigen, Departamento de Quitilipi.
Los fiscales pidieron que declaren distintos investigadores chaqueños que han trabajado en la reconstrucción histórica, en su mayoría pertenecientes al CONICET y a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE): Mariana Giordano, Graciela Elizabeth Bergallo, Tete Romero, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios y Rubén Omar Guillón.
El ofrecimiento incluye la convocatoria de investigadores del orden nacional que han trabajado en investigaciones científicas históricas de reconstrucción de la Masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto, entre ellos, historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas y archivistas como Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Luis Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Pedro Solans, Marcelo Musante, Silvina Turner, Alejandro Jasinski, Héctor Hugo Trinchero, Diana Isabel Lenton, Mariano Nagy, Carlos Salamanca, Mariana Nazar Gaule, Alejandra Aragón y Eugenio Zaffaroni.
Por otro lado, la fiscalía propuso la incorporación por lectura de una extensa lista de documentos históricos recolectados en la investigación preliminar y en parte como instrucción suplementaria, donde se destacan notas intercambiadas entre la Reducción Napalpí y el jefe de la Policía de Territorios Nacionales del Chaco, listado de tropas y armamento de la Policía de Territorio Nacional y Gendarmería Volante, legajos de oficiales, memorias del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Reducciones, el libro de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el expediente N° 910 del año 1924 caratulado Sublevación Indígena en la Reducción Napalpi, el diario Heraldo del Norte N° 652 con la investigación periodística sobre la Masacre, y fotografías de la Reducción de Napalpi tomadas por el antropólogo alemán Lehmann-Nitsche en 1924, entre otras.
El MPF solicitó que las audiencias orales y públicas sean trasmitidas por las redes sociales para que puedan asistir las comunidades indígenas y la sociedad chaqueña con un fundamento de reparación y derecho a la verdad.
También se propuso realizar al menos una audiencia en el Juzgado Federal de Sáenz Peña o en alguna institución con buena conectividad en el interior, ya que la mayoría de los testigos indígenas propuestos viven en la zona de Machagay y Colonia Aborigen, Departamento de Quitilipi.
Por último, los fiscales solicitaron el registro fílmico de las audiencias para la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Instituto de Cultura del Chaco o el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, con una traducción al idioma Qom y Moqoit.