Esta semana, el hermano de Marilú, Juan Carlos Robledo, hizo una presentación junto al colectivo Ni una Menos y bajo el patrocinio de la abogada Alma González, ante el Consejo de la Magistratura, para que se constituya como Jurado de Enjuiciamiento y analice el inicio de un juicio político por la actuación de los fiscales Elio Valdivia (Fiscalía Nº 11) Francisco De Obaldía Eyseric (Fiscalía Nº 14); la fiscal de la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (MUIIT), Laura Vancorbeil; la jueza Correccional Nº 1, Silvana Morando, y los jueces de Ejecución Penal que intervinieron en las denuncias contra el femicida Héctor Gutiérrez.
“Hay aristas en este caso que dejan en evidencia muchas omisiones. Por eso es tan importante dar procedencia a esta presentación, porque estamos en la tercera provincia a nivel país con más causas por violencia de género y más femicidios. Corresponde que se le traslade un mensaje a la sociedad chaqueña, que quedó conmovida a raíz del caso de Marilú”, dijo la letrada a Radio Provincia.
Detalles de la presentación
González precisó que se trata de “una presentación para la cual ambos están legitimados a hacer, de conformidad a la Constitución Nacional y a la Ley de Juicios por Jurado”. “Se trata de una acusación formal a aquellos funcionarios (de la Justicia) que intervinieron en las causas de Marilú, para que puedan dar cuenta de cuáles fueron las competencias en esas causas, las acciones y medidas que tomaron, las omisiones que tuvieron y si les correspondía o no derivar a los demás jueces que sí tenían competencia en la temática y en el contenido de cada denuncia realizada”, señaló.
Recordó que “fueron alrededor de 24 denuncias, de las cuales 22 hizo Marilú en persona trasladándose a la comisaria. “Todas tenían un contenido e índice muy altos de violencia. A raíz de esto, la idea de la presentación en caso es que se dé procedencia en el Consejo de la Magistratura. Sería también una iniciativa estratégica para comunicar a la comunidad la postura que asumen los magistrados frente a este tipo de violencias. Hay un sentido ético que, a ellos, como funcionarios públicos y de la justicia, debe orientarlos en la actividad”, subrayó la abogada.
Dijo además que “el descargo del fiscal Valdivia (Fiscal Especial en Género) fue el puntapié para que Juan Carlos (hermano de Marilú) viniera a buscarme para decirme que quería proceder y seguir adelante con esta presentación”.
Los plazos
Según indicó la letrada, el Consejo de la Magistratura debe reunirse y evaluar la presentación, para determinar si es procedente el reclamo. “Una vez que lo declaran procedente, y teniendo en cuenta los plazos y los días hábiles, podría haber novedades en la semana del 8 de noviembre sobre si accedió a declarar procedente al reclamo. Una vez que así sea, se notificará a los funcionarios involucrados para que puedan empezar a realizar sus descargos con respecto a las acciones que realizaron ante las competencias y responsabilidades que tenían en las causas que llegaron a sus manos”, reveló.
Luego, González repasó: “Héctor Gutiérrez, el femicida de Marilú, tenía una condena en suspenso dictada por el Juzgado Correccional N° 2 a cargo de la jueza Silvana Morando, en un juicio abreviado”. Así, precisó que posterior a esa condena en suspenso, hubo cuatro denuncias radicadas en la Fiscalía N° 11 a cargo de Valdivia. “Los contenidos de esas denuncias eran claras amenazas de muerte. Además, Marilú no se cansó de indicarles a funcionarios policiales para que le transmitieran a la fiscalía sobre esa condena en suspenso, las pautas de comportamiento que no estaba cumpliendo (el denunciado) y que había sido notificado de las medidas de protección que tenía ella”, indicó.
A la vez, agregó: “En dos años no sabemos cuáles eran los jueces que intervinieron en el cargo para controlar el cumplimiento de la sentencia. Además de la jueza que dictó esa condena mediando antecedentes de violencia tan graves, hay un juez de ejecución penal que tenía a su cargo el control del cumplimiento de las pautas y de la condena en suspenso”, explicó.
Asimismo, la letrada recordó que Marilú radicó denuncias en la Fiscalía N° 14 a cargo de Francisco De Obaldía Eyseric. “No tenemos la precisión de la cantidad de denuncias que hizo allí”, marcó. La abogada resaltó a la vez que “un fiscal que intervino en denuncias posteriores, en su descargo deja sentado que simplemente en dos oportunidades libró una orden de detención, lo iban a buscar al domicilio de Marilú, Héctor Gutiérrez no se encontraba y ahí quedaba toda la intervención”.
Calidad humana
Por último, Alma González aportó una reflexión: “Si bien el Poder Judicial de la provincia trata de promover una excelencia académica, institucional e intelectual, se debe promover una calidad e instancia humana. Es muy importante y eso hace a la ética a la hora de abordar este tipo de casos, porque son mujeres que revisten, ante una emergencia pública de tener un femicidio cada 32 horas, la necesidad de abordar estas situaciones con todas las perspectivas de género, no sólo en términos legalistas. Eso involucra asociar que las condiciones no serían las mismas si no fuera una mujer la que está en el ojo de la tormenta como víctima y denunciante”.
“Siempre para una mujer hacer una denuncia por violencia de genero conlleva tener mucho valor y fortaleza. Una mujer sometida a un ciclo de violencias que es un espiral, en algún momento tiene un desenlace, que siempre es la fatalidad de la mujer que está denunciando”, cerró.