En una entrevista televisiva, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco adelantó que desde el organismo se encuentran trabajando con diferentes organismos para contener a la familia de la víctima de femicidio, implementando medidas de protección y asistencia integral.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, Silvana Pérez se pronunció respecto al femicidio de Marilú Robledo, asesinada por su ex pareja en presencia de sus hijos el pasado 15 de octubre. La funcionaria brindó detalles respecto al tratamiento del hecho este miércoles 20 en una entrevista con Chaco TV.
Desde el área informaron que se logró concretar un acuerdo de asistencia con la familia que prevé políticas de reparación económica, el acceso a una vivienda alejada del lugar de los hechos y la implementación de la Ley Brisa, un programa a nivel nacional de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud. Además se les garantizara custodia policial ante la posibilidad de un ataque y se brindará apoyo legal en lo que respecta al proceso de revisión del vínculo familiar.
Pérez explicó que desde el Estado mantuvieron encuentros con la familia de Robledo, a fin de brindarles la contención requerida para el caso. La primera reunión fue coordinada por la vicegobernadora, Analia Rach Quiroga, junto a asociaciones civiles feministas como Ni Una Menos Chaco y MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana).
“Sus familiares fueron escuchados, se trabajó desde un primer momento de manera personal y circunstancial para conocer qué necesidades tenían respecto del acompañamiento”, expresó Pérez.
La titular de la cartera de DDHH hizo hincapié en el acuerdo gubernamental establecido con la familia de Marilú. “Las medidas deben ser tomadas siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada familia, porque ellos también son víctimas del femicidio ocurrido”, afirmó Perez.
*Asistencia integral: reparación económica, acceso a la vivienda y Ley Brisa*
En este sentido enumeró que parte de ese acuerdo de asistencia incluye que la familia Robledo, en este caso la madre y el hermano de Marilú, al haberse hecho cargo de los tres chicos que se quedaron sin su madre, reciban una reparación económica.
Además, se les brindará una vivienda cuyo alquiler será solventado por el Estado, en tanto finalicen los trabajos junto al Instituto de Vivienda para garantizarles una solución habitacional permanente y alejada de la zona en la que ocurrió el hecho y donde se daban las situaciones de agresiones y violencias que involucraban a todo el contexto familiar del femicida.
“Esto no es un dato menor porque las violencias por razones de género no son todas iguales y en ese sentido es muy importante poder diferenciarlas. En esto se ha avanzado mucho y se ha comenzado una labor conjunta con el Poder Judicial para poder plantear lo que consideramos un grado de riesgo. No todo violento es un potencial femicida y por eso es necesario ajustar estas cuestiones. Aquí lamentable ya había cuatro avisos desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial con fecha y tiempo de los pedidos para que esta persona sea detenida”, aseguró Perez.
Además de esto, la secretaria de DDHH indicó que en el acuerdo se estableció que se debe garantizar el acceso de la familia a la Ley Brisa, un programa a nivel nacional de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud. Para esto ya se ha iniciado el trabajo en articulación con la Línea 102 el dispositivo de atención y contención por casos de abandono, maltrato, situación de calle u otros tipos de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y el Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia (Sainnav) para generar que la primera instancia de acompañamiento se sostenga en el espacio del Centro de Asistencia a Víctimas.
“Esta es una instancia que no solo implica a los niños en particular sino que implica al conjunto de la familia por lo que es necesario trabajar en cuales son los puntos de salud y de salud mental que puedan necesitar posteriormente y que seguramente se van a seguir en servicio del Hospital Pediátrico. Se solicitó asistencia al Ministerio de Salud para la especial contención en cuando a salud mental de uno de los niños que presenta una discapacidad. También se brinda asistencia a la familia del femicida, ya que algunos miembros sufrieron ataques violentos”, especificó Pérez.
La funcionaria contó también que este martes 19 de octubre se reunió personalmente con la familia de Robledo conjuntamente la abogada Nahir Barud, coordinadora del Programa de Litigios Estratégicos de la Secretaria de DDHH y Géneros, y con el colectivo Ni Una Menos y se llegó a un acuerdo de tres ejes.
En primera instancia se firmó un acta de acuerdo con los equipos intervinientes, con la línea 102 pidiendo la tenencia de los niños por parte de la abuela materna, dejando esto asentado en registros judiciales. Con apoyo del Ministerio de Justicia se les garantizara custodia policial ante la posibilidad de un ataque hacia la integridad de la familia Robledo y se tomó una denuncia por amenazas sufridas, lo que derivó en un pedido de protección para los niños y la abuela ante la actitud de la familia agresora. La Secretaria de DDHH y Géneros también brindará apoyo legal en lo que respecta al proceso de revisión del vínculo familiar.
“Cuando existe una familia que permite situaciones de violencia y tiene un conjunto de responsabilidades es necesario trabajar para lograr, en un sentido restaurativo, desvincular a las víctimas del núcleo de la familia que forma parte del hecho de agresión”, remarcó Pérez.
“Por otro lado, venimos trabajando con la Subsecretaría de Justicia. Gracias al seguimiento realizado por el Ejecutivo tenemos claras cuáles han sido las intervenciones y realmente esta persona, el femicida, tenía libertad pese a su condena firme. Estaba en una situación de salidas transitorias, tenía un montón de denuncias y pedidos y avisos de la víctima desde el 2016 ya que se incumplían las medidas de protección. Sabemos que eso implicaba una detención inmediata”, recalcó Pérez.
“Realmente hubo cosas muy llamativas en el proceso de Justicia que requieren una revisión administrativa y que se exija por un lado que el Poder Judicial pueda articularse mejor con la plataforma víctimo asistencial y que se clarifique para la sociedad la responsabilidad distribuida. Si hay leyes protectoras y hay alguien que las incumple hay que proceder a las garantías”, aseveró Pérez.
*Asistencia a personas en situación de violencia de género*
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco recordaron que se encuentra vigente el Sistema Integral de Protección a Víctimas de Violencia por motivos de Género, el cual busca prevenir y asistir integralmente los casos de violencia por motivos de género.
Este sistema cuenta con las líneas 137 – 144 o el whatsapp 362 – 4970852 disponibles las 24 horas, los 365 días del año para realizar denuncias de manera segura y anónima donde un equipo técnico especializado brinda a lxs ciudadanxs asesoramiento y ayuda concreta.
Además existe el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencias que se encarga de ponerse en contacto con la víctima y ofrecer acompañamiento, contención y asistencia terapéutica. Su contacto puede realizarse a través de tres vías: presencial, telefónica y WhatsApp (362-4747247).
Por otro lado, el Programa Acompañar es un apoyo económico durante 6 meses a personas que se encuentran en situación de violencia de género y brinda acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial a las personas incluidas en el programa. En tanto que el área de Litigios Estratégicos brinda acompañamiento en asuntos de carácter jurídico, asesoramiento legal y patrocinio desde una perspectiva de género, asegurando la no revictimización, el acceso a la justicia y una atención integral en pos de una reparación psíquica, física y social.