De esta manera el Ejecutivo da cumplimiento al artículo 141, inciso 8, de la Constitución de la provincia que establece como fecha límite de la presentación el 30 de septiembre.
“Propongo, humildemente, que este Presupuesto sea el cimiento de políticas de Estado que perduren en el tiempo”, dijo el Capitanich quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Analia Rach Quiroga; el ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager.
Ponderó además que el hecho de contar con un Presupuesto en tiempo en forma “es algo muy importante para el ordenamiento del sector público y el suministro de información para la toma decisiones por parte del Estado que perduren” y agregó que esto es parte de una demanda de la sociedad. “Sí el Presupuesto, como ley de leyes, se transforma en esa herramienta, seremos capaces de generar para nuestras futuras generaciones un legado que será para siempre y que será perdurable”, mencionó.
Algunos detalles
En lo que refiere al Presupuesto, el gobernador destacó que el mismo se trabajó sobre la base de un modelo que tiene que ver con planificación estratégica situacional, con una sistema administración financiera y control de gestión, conjuntamente con un sistema de metas para un plan de acción comunicacional.
Respecto al plan estratégico situacional, esto se abordó sobre la base de una metodología que incorporada en el Plan Chaco 2030 el cual surgió de una ronda de consultas realizadas durante el año 2019 en todo el territorio provincial. Más allá de esto explicó que la pandemia género una administración de recursos y erogaciones en virtud de las demandas generadas por lo tanto se alteraron los parámetros que se habían fijado.
El Presupuesto 2022 tiene una meta de resultado fiscal primario equivalente a 9.083 millones de pesos, es decir positivo, y un resultado financiero equivalente a 3.052 millones. Explicó que la diferencia del resultado fiscal tiene que ver con una obligación equivalente a 7.366 millones de pesos que está plasmada en el fondo fiduciario para el desarrollo provincial en virtud de la cual se obtuvo un financiamiento para atender la emergencia sanitaria. Ante esta situación, y del mismo modo que existió un mecanismo de compensación por parte del Fondo Monetario Internacional para con el Estado Nacional, “ requerimos al Gobierno que tengamos una un trato igualitario desde el punto de vista del financiamiento”.
El Presupuesto prevé ingresos totales equivalentes a 305.433 millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 48% respecto al período anterior; los recursos de origen nacional equivalen a 231.315 millones de pesos, un 46% de estipulación de aumento en virtud de las pautas macros fiscales establecidas en el Presupuesto nacional 2022; y los recursos de origen provincial están proyectados en 40.060. millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 49%. Sobre esto último Capitanich dijo que “se puede observar un mejoramiento en la relación técnica entre recursos propios y recursos totales dentro del financiamiento del sector público provincial”.
El gasto público está consolidado como gasto total en 302381 millones de pesos, y el gasto primario de 296.350 millones de pesos, de decir 52% de incremento. Las erogaciones, o gastos de capital, tienden a generar un incremento equivalente al 100% con 66.353 millones de pesos desagregados en inversión real directa equivalente a 48.175 millones de de pesos, transferencias de capital por por un monto de 6.900 millones de pesos y la inversión financiera equivalente a 11.252 millones de pesos.
También estipula una previsión equivalente a intereses por 6.031 millones de pesos y en ese contexto existe un proceso de negociación por la totalidad los servicios, parte de servicio intereses y parte de capital.
El gobernador destacó que “existe una perspectiva cierta de estabilidad fiscal y que para el período 2020-2022 se proyecta un superávit fiscal de 1,4%”. Mencionó que es muy importante observar la tendencia a un resultado fiscal, lo que genera un fondo de estabilización fiscal el cual a su vez permita utilizar parte del producido para el financiamiento del apalancamiento de inversión productiva y de infraestructura social básica.