En cuatro artículos, el proyecto presentado sostiene que el Poder Ejecutivo, a través de las empresas de servicios públicos, “impulsará de manera progresiva, gradual, sistemática, decidida, la despapelización, evitando la impresión de facturas, boletas, formularios, comunicaciones, remitidas a usuarios y/o consumidores”, lo cual se argumenta “a los fines de minimizar el uso de papel, imprimiendo solo lo imprescindible y en su caso reutilizar todo el papel”.
En ese sentido, la propuesta plantea la creación de la Factura Digital y/o Electrónica, la cual “tendrá el mismo valor que la factura de papel”. “Para tal fin cada usuario contará con una casilla de correo, adonde se enviarán las facturas digitales y/o electrónicas, para el pago de los servicios, debiendo contarse con el consentimiento del usuario para dicha facturación”, explica la medida.
Para el cumplimiento, el proyecto remarca que “se garantizará por parte de las empresas de servicios, la autenticidad de origen, integridad del contenido y los controles de gestión usuales de la actividad de la empresa. Y se establecerá un procedimiento sencillo para el caso de que los usuarios desestimen del servicio de servicios y/o facturas digitales”.