En ese sentido, Diego Vigay, integrante de la Unidad Fiscal que encarna el pedido, dialogó esta mañana con Radio Provincia para brindar precisiones al respecto de la investigación, la cual aseguró cuenta con siete cuerpos de más de 400 fojas cada uno. “Este juicio por la verdad, oral y público, toma toda la dimensión que tuvo la Masacre de Napalpí, lo grotesco que fue, e intenta, de alguna manera, que tenga una función de reparación”, sostuvo, y remarcó que “es absolutamente necesario e imprescindible”.
Según explica Vigay, este proceso se enmarca en otros tantos que ya tuvieron su inicio sobre la última Dictadura Cívico-Militar, lo que habría cosechado más de 1.000 condenas en todo el país. “En el marco de eso se está abarcando a un crimen de lesa humanidad cometido contra los pueblos indígenas, en el año 1924, y si estando ante un crimen de Lesa humanidad existiría en el marco del derecho argentino, las convenciones firmadas por el país, nuestra Constitución Nacional originaria, la posibilidad de juzgar como crimen de lesa humanidad la Masacre de Napalpí, y hemos encontrado que Argentina era parte de la comunidad internacional, hablaba del derecho del delito de gente en su Constitución, y de que esto sea juzgado por la Justicia Federal”, comentó, y agregó, ante ello, que “entendemos que hay una responsabilidad del Estado argentino de juzgar estos crímenes, y el formato es un juicio por la verdad”.
Al respecto de la investigación, contó que “la hemos llevado adelante con el testimonio de distintos sobrevivientes de la Masacre, y como algunos de ellos ya estaba fallecidos, hemos encontrado entrevistas que les había realizado, también hemos tomado testimonios de hijos y nietos de otros sobrevivientes, y esto, por lo que significa en la cultura indígena el relato oral, es como si hablaran en primera persona”. “Esta investigación tiene incorporado el trabajo de entre 15 y 20 investigadores, que han trabajado durante años sobre lo que fue la reducción, la masacre, el genocidio indígena. Buena parte de esos investigadores ya testimoniaron ante la Fiscalía”, precisó.
“La idea que nosotros tenemos es que todo este material sea reproducido de manera oral y pública, en un juicio por la verdad en el Juzgado Federal primera instancia de Resistencia, que eso sea transmitido por las redes sociales para que todas las comunidades indígenas puedan asistir, puedan ver como la Justicia Argentina reconstruye esa Masacre y juzga como lesa humanidad en los mismos parámetros que se están juzgando los crímenes de la última dictadura”, planteó, aunque adelantó que el Juicio por la Verdad “no es una cuestión convencional”, por lo cual los plazos de elevación no son precisos, sin embargo, auguró que “tenemos la expectativa que pueda ser este año y el juicio se pueda llevar adelante lo antes posible”.