Es consecuencia directa de la impunidad y autogobierno total policial pero también responsabilidad del poder político que lo permite desde hace años en nuestra provincia.
Piénsese que hasta hace poco gobernaba la seguridad del Chaco el cabo Olivello, un sujeto con veleidades de Bolsonaro, procesado en varias causas por torturas y denunciado hasta el hartazgo por violento, lo que no le impidió ser entronado como máximo funcionario público encargado, nada más ni nada menos, que de “resolver el conflicto social”. El modelo policial a seguir, tanto del lado de Juntos por el Cambio como por el lado kirchnerista es el de la represión del conflicto social, la mano dura y el control social permanente en los barrios y a la juventud, y los que lo encarnan se pueden llamar Bullrich de un lado o Berni del otro pero se trata en esencia de lo mismo.
No debemos perder de vista que este crimen ocurre a un año de los hechos de represión a la comunidad qom ocurridos en la localidad de Fontana , y que hasta la fecha se mantienen en una total impunidad para sus autores, pese a la gran repercusión nacional y provincial que condenó el accionar policial incluso desde el mismo presidente de la Nación.
El nivel de irracionalidad llega ahora hasta tal punto que el gobierno, al anunciar presuroso su intervención para garantizar una “imparcial investigación”, expresó que todo se hace en los marcos de la ley de seguridad provincial pero, a continuación, aclaró que interviene en el caso el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía, un organismo históricamente cuestionado de parcialidad, y que se supone abolido desde la entrada en vigencia de la ley en 2012. Como se dice, con Dios y con el Diablo, pero más con el Diablo.
El desplazamiento del cabo Olivello el año pasado, decidido por el gobernador luego de las masivas manifestaciones en su contra, en ningún momento significó que el poder político, tal como lo establece la ley, se hacía cargo de la riendas de las políticas de seguridad, que pasaron directamente a manos del nuevo jefe, Ariel Acuña, también cuestionado por su responsabilidad en la represión del año 2015 sobre la ruta 11 que derivó en la muerte del dirigente social Ángel Verón.
La falta de incidencia de la ministra de seguridad Salazar en el ministerio a su cargo se puede ver en algunos hechos ocurridos recientemente como, por ejemplo, el curso que sobre “interpretación de la Bíblia” y otros temas religiosos destinado a altos oficiales, que fuera anunciado y promocionado públicamente hace pocas semanas atrás para ser dictado en la Escuela de Policía. Más allá del respeto a las creencias religiosas de cada persona, estos no son temas de formación policial como sí lo son los principios generales de actuación policial de legalidad, oportunidad, gradualidad y, en particular, el de uso proporcional de la fuerza al riesgo existente, tal como lo establece la ley de seguridad.
Exigimos investigación y juicio y castigo a los responsables del crimen de José Lagos y solicitamos al gobierno provincial el cumplimiento real y efectivo de la ley de seguridad provincial así como la puesta en funcionamiento de todos sus organismos previstos, de forma tal de contar con instituciones policiales al servicio de la seguridad de la comunidad y del respeto de la vida y la integridad psicofísica de la ciudadanía, que son los bienes más preciados”.
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