“Ni siquiera se hizo con fines recaudatorios, al parecer el objetivo era que los abogados puestos a dedo en la Fiscalía cobren esos montos ilegales”, consideró. Su par de la UCR, Carlos Salom entendió que “la movida de la oposición y el malestar de los vecinos hizo dar marcha atrás al intendente”.
Tras la firma de la Resolución N°1401 por parte del Intendente Gustavo Martínez que “suspende transitoriamente el trámite de las causas judiciales iniciadas para el recupero de los créditos fiscales” de la comuna capitalina, el concejal del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti considedró que el Municipio debería “dejar de cobrar definitivamente esos montos ilegales”. En síntonia, su par radical Carlos Salom entendió que “la movida de la oposición y el malestar de los vecinos hizo dar marcha atrás al intendente”.
“Desde nuestra banca hemos presentado un proyecto de ordenanza donde planteamos que se suspenda esta facultad el Ejecutivo de ir a la Justicia directamente sin una una instancia administrativa previa”, explicó el edil en declaraciones a Radio Provincia. En esa línea, Bolatti consideró que los vecinos y vecinas tienen derecho a que los intime, que les digan cuál es la deuda, se establezca los plazos para afrontarlas y se pongan a disposición herramientas de financiamiento sin restricciones, “cosa que no pasaba con el mecanismo que estuvo vigente antes de la reciente Resolución y en consecuencia habúa un claro avasallamiento contra los vecinos”.
Miles de afectados
Bolatti recordó además que, en una primera etapa, fueron unos 15000 los contribuyentes cuyas deudas fueron judicializadas antes de que puedan acceder a la moratoria, pero en las últimas horas ese número prácticamente se duplicó. “El esquema estaba armado como para que el vecino pague las costas y los montos que generaba esa judicialización, y recién después podía ingresar al plan de pagos”, una modalidad fuera de lo habitual.
“Directamente se mandó a ejecución, o sea, en el vecino o la vecina no tuvo la posibilidad de saber que iba a ir al área judicial si no cumplía de determinada determinada etapa o paso previo, directamente ya pasó al área judicial se enteró porque el oficial de justicia está tocando su puerta”, describió. El concejal planteó que “se necesita la instancia previa, pero por lo visto no está la intención de recaudas, más bien parece un mecanismo a medida destinado a que los abogados, que fueron puestos a dedo por el intendente en la Fiscalía Municipal cobren sus honorarios”.
Bolatti recordó que esta estructura se usó en el gobierno de Aída Ayala, gestión en la que fue creada la propia Fiscalía. “Muchas personas relacionadas con ese gobierno quedaron ahí y después, durante la intendencia de Capitanich esto se suspendió, no se trabajó con abogados tercerizados y prescribieron esas deudas”, comentó.
Malestar y marcha atrás
Por su parte, el concejal Carlos Salom, aseguró que “la movida de la oposición y el descontento generado en toda la comunidad” hizo “dar marcha atrás al intendente Gustavo Martínez”, en su intención de ejecutar judicialmente las deudas de los vecinos. “Se trataba de una injusticia más de esta gestión municipal, que carece de empatía con los vecinos y dejó al descubierto, una vez más, la sed por obtener recursos de cualquier forma, sin importar la grave situación económica por la que atraviesa toda la sociedad”, remarcó el edil radical.
En tal sentido, Salom indicó que tanto él como los concejales María Teresa Celada y Fabricio Bolatti, presentaron propuestas para parar las ejecuciones durante todo 2021, lo que consideró “una injusticia” porque los pedidos de ejecuciones judiciales de deudas de los vecinos llegaba en un momento “muy delicado2 de las economías de la mayoría de las familias de Resistencia.
Por otra parte indicó que estarán atentos a los pasos que dé la Justicia por los otros casos, el de los impuestazos, “ya que sería muy importante que se expida cuanto antes y resolver otras de las injusticias que se pretenden llevar adelante desde la gestión municipal actual”. Cabe recordar que el concejal de la UCR, Carlos Salom, había reclamado que el intendente de Resistencia “deje de lado su obsesión por recaudar”, y que “contemple que la sociedad está inmersa en una tremenda crisis económica y sanitaria”, por lo cual pedía la “suspensión de todas las ejecuciones fiscales iniciadas por la Municipalidad de Resistencia, transitoriamente, por el resto del año 2021”.