El índice de desmonte detectado en 2019 y 2020 para la provincia fue uno de los más bajos de la región, en la que Salta, Santiago del Estero y Formosa ocuparon los primeros lugares. Olivares apuntó que la reducción del desmonte se debió a que en 2020, pese a las restricciones de la pandemia, se mantuvo activo el sistema de controles forestales que lleva adelante la Dirección de Bosques, al igual que el monitoreo por medio de imágenes satelitales que realiza periódicamente el Centro Geo Información.
“Estas acciones permitieron controlar y detener el avance del desmonte ilegal”, remarcó el funcionario provincial. En el periodo que va entre noviembre de 2020 y abril de 2021, la ONG Greenpeace dice haber detectado 7.811 hectáreas de desmonte. En tanto que el Centro Geo Información -que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal- concluyó que 7.162 hectáreas es el total de superficie informada en los puntos publicados por la entidad.
En detalle
De este total, 5.228 hectáreas (un 72,9%) corresponden a permisos autorizados por la Dirección de Bosques, de los cuáles 3.191 (44%) son permisos de cambio de uso de suelo, 1.695 (23%) silvopastoriles, y 342 (4%) de permisos de limpieza de invasoras. Las 1.934 hectáreas restantes corresponden a desmontes sin permiso (un 27%), en los que el organismo se encuentra llevando adelante el proceso administrativo de aplicación de multas a los responsables.
“Somos muy respetuosos de la justicia, y de cualquier decisión judicial. Ante cada duda o cada cuestión que se plantee nos presentamos en tiempo y forma presentando todos los antecedentes, expedientes y elementos que sean necesarios para que la justicia evalúe las diferentes acciones y pretensiones que desde hace un tiempo a esta parte se cuestiona a la provincia”, afirmó Olivares. “Todos los permisos otorgados por la dirección de bosques disponen de estudio de impacto ambiental aprobado y audiencia pública celebrada antes de su autorización. Aquellos casos que no registren estos pasos, son considerados infracción, y se persigue a los responsables con todas las herramientas que nos da la ley”, advirtió el funcionario.
“Desde esta instancia celebramos que sea de interés de las oenegés que el desmonte sea incluido como delito en el código penal. Es por eso que apoyamos todas las iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Nación para que el desmonte sea delito, y así poder contar con más alternativas para perseguir y reprimir el desmonte”, concluyó.