Pidieron al STJ que anticipe la implementación del expediente digital bajo el sistema IURE en todas las Circunscripciones y en todos los fueros, entre otras medidas.
Representantes de los Colegios y Consejo de Abogados de la provincia solicitaron al Superior Tribunal de Justicia que se garantice la prestación del servicio de justicia a partir del próximo día 31 de mayo, fecha en que vence el plazo de vigencia del Decreto 1169.
En una misiva dirigida al presidente de la Corte chaqueña los profesionales explicaron que a pesar de la “gravedad de la situación epidemiológica”, esta segunda ola ha encontrado a la administración de justicia “mejor preparada”, si se la compara con la situación que se tuvo que atravesar a partir del pasado 16 de marzo de 2020, y que motivaron medidas como suspensiones de términos y audiencias, servicios judiciales de urgencia o emergencia.
“La alusión al pasado no resulta caprichosa, puesto que frente a medidas sanitarias que restringen la presencialidad laboral y la circulación de personas para disminuir la cadena de contagios, hoy contamos con herramientas que deben ser aplicadas para resguardar la efectiva administración de justicia”, expresaron.
En ese marco, destacaron que el Chaco cuenta con una ley de expediente judicial electrónico (Ley 3286-M), que vino a despapelizar el tráfico jurídico y a dotar de legalidad las audiencias realizadas en forma semipresencial y remota (Art. 15 Ley 3286-M).
Por esta razón, los abogados pidieron al Superior Tribunal anticipe la implementación del expediente digital bajo el sistema IURE en todas las Circunscripciones y en todos los fueros.
Además, solicitaron profundizar la implementación de audiencias semipresenciales y remotas, mientras se aguardan las condiciones propicias para retornar a las audiencias presenciales, todo de conformidad al Protocolo de Trabajo y Buenas Prácticas para Audiencias en Sala Virtual (Anexo III – Res. 262/20).
“Requerimos esto apelando a una extrema prudencia, ya que si bien que no toda la población ha sido vacunada, no es menos cierto que muchas ciudadanas y ciudadanos –entre ellos, magistrados, funcionarios y empleados judiciales- ya han recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19”, expusieron los profesionales.