En Chaco se reunirán, junto a otras organizaciones sociales no oficialistas, este lunes a la tarde para definir acciones para el día jueves.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sostuvo que “el último informe del INDEC arrojó un crecimiento de 7 puntos de la pobreza en un año. La situación socioeconómica es crítica y los números evidencian lo que vemos día a día en la calle y en nuestros comedores y merenderos. Hay que contemplar que esos datos son de diciembre: con la inflación acumulada este año, sabemos que se profundiza el cuadro”.
Saravia sostuvo que “en las 23 provincias donde trabajamos junto a les más humildes, parte de la contención social se da a través del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, equivalente a la mitad del salario mínimo por 20hs. de contraprestación en proyectos. Inicialmente el gobierno planteó una transición entre el IFE y el Potenciar, pero en estos meses no incorporó ni al 5% de las personas que quedaron desprotegidas”.
“La semana pasada el gobierno nacional frenó la apertura al Potenciar Trabajo”, puntualizó Saravia, quien explicó que “estas decisiones se dan siguiendo las directrices de ajuste del FMI. No sostuvieron el IFE y ahora retroceden en el Potenciar, a la vez que siguen sin reconocer la prioridad en la vacunación a quienes sostuvimos abiertos comedores y merenderos en la peor pandemia de nuestros tiempos”.
Por último, Saravia explicó que “por ese motivo, el lunes definiremos un plan de lucha, para que nuestro pueblo no sea quien pague las deudas de los sectores más favorecidos del país”.
Contexto local
Sonia Cardozo, coordinadora provincial de Barrios de Pie Chaco expresó que: “la situación más dramática se vive en nuestra región, más precisamente en el Gran Resistencia, Según las estadísticas oficiales, aquí más de la mitad de la población no puede acceder a consumos básicos debido a que la tasa de pobreza alcanza al 53,6 por ciento de la población”.
Cardozo sostiene que: “Ante el aumento de la desocupación, la desigualdad social y la precariedad laboral, el gobierno provincial no debe hacerse el distraído echando culpas, sino ocuparse. Se debería ampliar el espectro de la ayuda social destinada a los comedores y merenderos comunitarios, controlar los precios de la Canasta Básica Alimentaria y promover la realización de campañas de alimentación saludable”.
Y agrega que: “es necesario otorgar un reconocimiento económico de los trabajadores de la Economía Popular e impulsar la creación de nuevos trabajos a través de las cooperativas de producción, construcción, servicios, cuidados y acompañamiento. Esto se debe garantizar sin burocracia ni clientelismo”, finaliza.