Ernesto Azcona, presidente del tribunal que juzgó a los exfuncionarios por el desvío de fondos destinados al pago de pautas publicitarias a través de un fideicomiso, proceso que concluyó con Horacio Rey y Gustavo Katavich, condenados a 7 y 5 años respectivamente, consideró que la causa conocida como Fappo marca en el Chaco un precedente y que, una vez se agoten las instancias de recursos de las partes, se devolverá al Estado unos 70 millones de pesos que se habían robado los integrantes de la asociación ilícita, hecho que salió a luz en marzo de 2018.
Azcona presidió el tribunal -que también integraron Cristina Pisarello y Virginia Ise, en un proceso que finalizó con Rey y Katavich condenados, Paulo Buticce e Ismael Fernández absueltos.
‘Hay que recordar que la causa arribó a este tribunal en marzo del año pasado, días antes de la declaración del cierre de actividades por el estado de pandemia, dentro del Poder Judicial de la provincia hubo un lapso muy breve en que se cerraron las actividades, posteriormente magistrados y funcionarios judiciales comenzaron a trabajar presencialmente‘, explicó Azcona.
‘Esta causa, en septiembre fijamos audiencia de debate y comenzó el 30 de noviembre del año pasado. Durante todo el mes de diciembre fueron las audiencias, donde de una lista de 61 testigos, se recepcionaron algunos y las partes fueron desistiendo de otros. Durante febrero se concluyó con testimonios y alegatos finales de las partes, hasta llegar a la lectura de sentencia el viernes 12. Los argumentos serán dispuestos el 12 de abril‘, agregó.
Azcona se refirió a la condena a 7 años para Horacio Rey y 5 años para Gustavo Katavich, a los que el tribunal los halló al primero jefe de una asociación ilícita y a Katavich en calidad de miembro, en concurso ideal con fraude agravado a la administración pública.
‘Esto significa que la asociación ilícita es la figura más grave, lo que corresponde es aplicar la pena de asociación ilícita que no contempla la figura de inhabilitación y tampoco tiene prevista la pena de multa. De todas maneras el tribunal entendió que debía y correspondía, por la calidad de funcionario público, proceder a la inhabilitación por diez años y una multa de 90.000 pesos. La inhabilitación en estos casos, cuando no está comprendido dentro del tipo penal en cuestión, establece máximo diez años al igual que la multa, que es lo que el tribunal aplicó‘, dijo Azcona.
El presidente del tribunal se refirió a los embargos librados al exsecretario general de la gobernación ( 2015-2018) y al exintegrante de Fiduciaria del Norte: ‘Es una cuestión que es muy importante a mi entender, porque la causa vino con una serie de medidas atinentes a cuestiones de embargo, inhibiciones general de cuentas bancarias y todas esas medidas cautelares se mantuvieron. Lo que significa que todo lo que se entendió dentro del fallo, que se afectó y defraudó al erario público provincial, quedarán afectados a esta causa. Eventualmente, cuando el fallo quede firme, se procederá a darse destino definitivo a cada uno de estos bienes y serán restituidos al erario público‘, describió los pasos posteriores que se concretarán para reparar el daño a causa del delito cometido por los condenados.
UNA CONDENA SIN PRECEDENTES
‘Es un fallo inédito, no solo por el hecho que hayan sido sometidos a juicio exfuncionarios, pero es inédito por la envergadura que tuvo el juicio, la cantidad de testigos, la multiplicidad de partes, de imputados y sobre todo las penas impuestas con prisión efectiva altas, que no se tiene en cuenta los precedentes anteriores‘, recordó así la condena al exvicegobernador Miguel Pibernus, que tuvo pena en suspenso (tres años con inhabilitación para ejercer cargos públicos).
‘Es importante que la sociedad tenga conocimiento del actuar y trabajo que desarrolla la Justicia, no solo en cantidad, sino en calidad. A modo de ejemplo, esta causa se inicia por una investigación federal, que es una causa por delito de lavados, y es anterior a la causa a nuestro cargo, que es por delitos precedentes, y ya se ha desarrollado el juicio y un fallo. Se actuó con prolijidad y rapidez en el que se dictó el fallo‘, remarcó el magistrado en declaraciones televisivas.
“Jamás sufrí ninguna amenaza”
El juez Ernesto Azcona se refirió a la revelación de NORTE sobre presuntos ‘aprietes‘, ‘amenazas‘ y advertencias de ‘jury‘ que denunció uno de los integrantes del Equipo Fiscal Especial, Lucio Otero.
El fiscal Otero en su cuenta Twitter había relatado los momentos difíciles que le tocó atravesar junto con las fiscales Graciela Griffith Barreto y Nélida Villalba, en plena etapa de instrucción en la causa que investigó hechos de corrupción y es conocida como Fappo (Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias).
Al respecto, el miembro de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional Ernesto Azcona afirmó: ‘Lo primero que debo decir es que las denuncias no se hacen a través de medios periodísticos, corresponde y como fiscal tiene la obligación de hacer si se sintió afectado por un delito, radicar la denuncia para que se haga una investigación‘.
Y concluyó: ‘Yo jamás sufrí ninguna amenaza, en absoluto‘.
FUENTE: DiarioNorte