El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia mantuvo una reunión institucional con el Superior Tribunal de Justicia, con el objeto de tratar cuestiones de interés para el sector, principalmente vinculadas con el funcionamiento del Poder Judicial durante la pandemia en curso y el avance del proceso de digitalización impulsado a partir de la sanción de la Ley que instituye el expediente digital en la Provincia del Chaco.
El presidente de la entidad, Ricardo Urturi, explicó que la contingencia que impone la pandemia de COVID-19 ha restringido la presencialidad y esto provocó “una acumulación de trabajo que deriva en una mora en los procesos judiciales”, que es la preocupación central de los profesionales. De todas maneras, desde el Consejo reconocieron la “significativa utilidad” que ha tenido el proceso de digitalización del Poder Judicial, en cuenta a facilitar la adaptación en la prestación del servicio de justicia durante la pandemia. En consecuencia, los abogados solicitaron al Superior Tribunal de Justicia “participar activamente en todo el proceso de planificación y evaluación de la implementación del nuevo sistema de gestión judicial, denominado IURE, que es parte de la estrategia más amplia de digitalización de todo el proceso judicial”.
En particular el Consejo de Abogados ha señalado que el proceso de digitalización de las funciones públicas es un “paso necesario e irreversible”, que debe darse pensando en dotar de mayor agilidad, transparencia y eficacia en la prestación de esas funciones públicas. En esa línea, hizo notar que es una política pública que demanda una “alta inversión de recursos” y un “mayor esfuerzo” en la capacitación de todos los actores, estatales y privados, involucrados en esa transición de la era analógica a la era digital.
Por ello, Urturi convocó a los abogados y a las abogadas a sumarse a las sucesivas instancias de capacitación que se darán desde el Poder Judicial y que también habilitará el Consejo de Abogados, para hacer conocer las nuevas herramientas digitales que serán indispensables para actuar ante la Justicia provincial. En este sentido, destacó que esos cambios “serán acompañados en la medida en que fortalezcan la eficacia y transparencia del servicio de justicia, pero que igualmente estarán alertas para señalar las graduaciones y modificaciones que sean necesarias”.