Recordó que se trata de una norma federal que fue aprobada luego de un amplio debate en el Congreso de la Nación donde se escucharon voces que reflejaron intereses y opiniones de distintos sectores de todo el país.
“La ley fue ampliamente debatida en las dos Cámaras del Congreso Nacional, es decir en el espacio con mayor representación del sistema democrático”, remarcó Sotelo tras señalar, además, que la ley nacional 27.610 fue también el resultado de la histórica lucha del colectivo de mujeres.
De esta manera, Sotelo fijó la posición del INADI en el Chaco en relación a la medida cautelar de no innovar que dictó la titular del juzgado Civil y Comercial N° 19 de la ciudad de Resistencia, Marta Aucar de Trotti, haciendo lugar a un pedido realizado por un grupo de personas que se opone a la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
“La legalización de la IVE forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y es un derecho de autonomía para decidir sobre sus propios cuerpos”, remarcó Sotelo. Por otra parte, la funcionaria nacional explicó que los índices más altos de mortalidad causada por abortos se registran en el NEA y el NOA, las dos regiones del país que padecen elevados porcentajes de pobreza.
Por último, Sotelo expresó el acompañamiento institucional del INADI a las autoridades y al Ejecutivo provincial en el compromiso con el cumplimiento de la ley nacional 27.610 en el Chaco.