La misma hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares, encabezada por la ex diputada Clelia Ávila pidiendo la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Esto no hace más que vulnerar una ley nacional reglamentada que establece el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, que rige en todo el país desde el 24 de enero y su vigencia no requiere ningún tipo de adhesión provincial o reglamentación.
De esta manera le solicitamos al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que a través del Ministerio de Salud cumpla con su promesa de garantizar el cumplimiento de la ley nacional 27.610.
Es urgente que como sociedad en un estado de derecho, luchemos por el cumplimiento de leyes que significan el acceso a derechos por parte de las mujeres y disidencias. Años de lucha no pueden ser socavadas por el accionar de unos pocos; estamos hablando de una ley que defiende el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, una ley que protege la vida y el bienestar de aquelles que deseen acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, hoy avalado por la ley gracias al esfuerzo y lucha de miles de mujeres en nuestro país.
No hay dudas que estas estrategias judiciales por parte de los sectores antiderechos buscan obstaculizar el aborto legal, por esta razón exigimos al gobernador Capitanich instruya al Ministerio de Salud y a la ministra de la Mujeres y de DDHH del Chaco a sostener la plena vigencia de la ley 27.610 , garantizando desde el gobierno y Estado provincial la aplicación de una norma del Congreso por encima de las creencias personales de los funcionarios de turno.