El gobernador Jorge Capitanich encabezó este lunes una nueva reunión del Comité de monitoreo de Covid-19, integrado por distintos organismos del Estado. Allí, se ratificaron las propuestas del Consejo Provincial de Desescalada que se pusieron en consideración, de manera preventiva, a partir de la gran cantidad de personas que este fin de semana participaron de fiestas clandestinas, incrementando el riesgo de propagación y contagio del virus.
El mandatario destacó luego de la reunión que las propuestas se ratificaron “incluyendo la necesidad de constituir mesas ampliadas de consenso para resolver cuestiones de urgente necesidad social”. La toma de decisiones se da en el marco de un crecimiento en la cantidad de casos positivos activos de Covid-19 y considerando que las reuniones sociales y las fiestas clandestinas han demostrado ser una de las principales fuentes de contagio.
Durante el fin de semana, sólo en Resistencia y Barranqueras se denunciaron 12 fiestas clandestinas que involucran a 1.666 personas con alto riesgo de contagio, así como otras 5 en Villa Ángela, Charata y Castelli con 19 personas. De esta manera, se decidió establecer un sistema de vigilancia preventiva con las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y comunitarias en Resistencia, en un corredor que va desde el macrocentro hasta Villa Libertad, incluyendo Villa Centenario, Villa Palermo, Villa Río Negro y La Liguria.
“El esfuerzo que se realiza todos los días para administrar el número de casos choca con estas actitudes individualistas e irresponsables. En virtud de esos indicadores tomamos estas decisiones”, agregó Capitanich.
Como medidas adicionales, el Gobierno ejecutará un abordaje territorial con rastrillaje de casos a través de una red de 150 trabajadores y trabajadoras de la salud y voluntarios, para detectar casos asintomáticos y contactos estrechos a través de testeos rápidos y PCR, y también hará un cierre preventivo del sanatorio Cordis por 14 días debido al registro de 21 contagios de Covid-19, para que el personal cumpla el aislamiento preventivo.
Por último, el Ejecutivo analiza realizar una presentación judicial para determinar una restricción de acercamiento de todo tipo de aglomeración de personas en el macrocentro, buscando impedir la propagación de la circulación viral.