“Se trata de una decisión histórica”, dijo Sotelo tras recordar que, como señala el mismo decreto presidencial, a pesar de los avances logrados en la Argentina en materia de derechos, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan encontrando obstáculos a la hora de acceder a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo. La delegada destacó que “muchos de estos avances fueron posible gracias a la histórica lucha de activistas como Lohana Berkins y Diana Sacayán, que trabajaron sin descanso por el reconocimiento y la inclusión del colectivo travesti trans”.
El decreto es el 721/2020 y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y de la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. A través del mismo se establece que el sector público deberá contar con un uno por ciento de representación trans, travesti y transgénero.
Sotelo explicó que la medida beneficia a las personas travestis, transexuales y transgénero, independientemente que hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. “El decreto establece que tendrán derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión; y que el INADI será una de las autoridades de aplicación”, agregó la delegada.