La renuncia de la cúpula policial de la provincia, en reclamo por el reintegro a sus labores de cuatro oficiales detenidos por violencia institucional, tortura y abuso sexual, deja al descubierto los métodos extorsivos por los cuales la corporación policial pretende poner de rodillas a un gobierno votado por la gran mayoría de las y de los chaqueños.
Desconocer al gobernador como máxima autoridad de seguridad de la provincia, desobedecer resoluciones ejecutivas que pretenden evitar futuros atropellos al pueblo chaqueño, y fogonear el conflicto a través de medios de comunicación conservadores y sin compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, refleja un pacto de impunidad dentro de la fuerza pública que busca desesperadamente un aval en la población civil.
No perdemos de vista que el conflicto se agudizó tras el anuncio del gobierno provincial, en los primeros días del mes de julio, de la plena instrumentación de la Ley de Seguridad Pública (sancionada en el 2012), a través de la que se aplicarían controles y auditorías civiles sobre el accionar interno y externo de la Policía del Chaco mediante la Dirección de Control Policial, dejando atrás el tan cuestionado Órgano de Control Institucional (a cargo de la propia policía).
Hechos como los del Bandera Argentina de Fontana son moneda corriente en los barrios de toda la provincia y otros distritos del país, por lo cual entendemos que es imperiosa la necesidad de discutir el rol de las fuerzas provinciales en la vida democrática de nuestro pueblo, desde una perspectiva que defienda de forma integral e irrestricta los derechos humanos, géneros e interculturalidades.