En el informe presentado, las diputadas provinciales aseguran que “el Chaco tiene una rica legislación sobre la temática de género y erradicación de la violencia de género” y que “la materia pendiente son las políticas públicas que operativicen esas leyes. La prioridad de la lucha debe visualizarse en la inversión que se destine a esta problemática y a la defensa de la vida”.
Por otro lado, aseguraron que se debe bregar por políticas integrales que se apliquen con la misma contundencia en toda la provincia y garantizar los derechos instituidos en las leyes. “A esta altura de la historia ya no basta con conmemorar una fecha, pues pareciera que nada puede frenar los sucesos de violencia contra las mujeres, los cuales se repiten diariamente”, aseveraron. Así como también explicaron que “para hacer frente a este flagelo que se lleva muchas vidas cada año es necesario que los gobiernos diseñen políticas públicas dirigidas a terminar con la violencia contra las mujeres”.
Para las legisladoras, un plan de esta naturaleza debe basarse en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como se deben cumplir las leyes, extremar los recursos financieros técnicos y humanos, y avanzar en políticas públicas para hacerlo plenamente operativo. Al respecto, recordaron que en el Chaco se aprobó la Ley N° 3025-G, que declara la Emergencia Social por Violencia de Género en todo el ámbito de la provincia, por el término de dos años a partir de la sanción de la presente, y que tiene por principales objetivos revertir el número de víctimas por violencia contra las mujeres y las identidades femeninas en todas sus formas en el territorio provincial. Esta norma busca reforzar la política preventiva en la materia, optimizar y unificar los esfuerzos, así como definir los recursos estatales y de la sociedad civil para la plena aplicación, vigencia de las normas existentes y las que se sancionen en adelante destinadas al abordaje ante situaciones de violencia.
“Debemos superar barreras ideológicas y culturales para erradicar el racismo y la discriminación, todavía arraigados en algunos sectores, respetar las diferencias étnicas y garantizar el reconocimiento de la identidad y la autodeterminación de los pueblos. La cosmovisión de la mujer originaria debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas para los distintos colectivos”, manifestaron en el documento firmado.
Finalmente enfatizaron que las disposiciones son numerosas, tanto del plano nacional como internacional, pero con las normas solas no alcanza. “Acá lo que queremos evidenciar son las profundas brechas existentes entre la normativa vigente y la realidad social, las cuales van por caminos separados, por lo que se debe aumentar la conciencia pública y articular los recursos disponibles de todas las áreas del Estado para luchar contra la violencia de género”, concluyeron.