El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Políticas Socioeducativas, a cargo de Ludmila Pellegrini, participó de una reunión junto a las referentes del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM), Claudia Sforza, Mariana Barle y María Clara Mottet, para plantear el abordaje integral de políticas educativas en torno a la salud mental.
La perspectiva de derechos humanos en la formación docente y los programas socioeducativos vigentes fueron los ejes para pensar, desde el sistema educativo, estrategias y líneas de acción sostenibles en el tiempo.
Desde dicha Dirección se vienen ejecutando programas como ser Centro de Actividades Juveniles y Educación Sexual Integral, que propician la inclusión y la salud dentro de las esferas de la educación. Los consumos problemáticos constituyen un tema central que debe trabajarse de manera interdisciplinaria y multisectorial, con el acompañamiento de otras entidades estatales.
Al respecto, la directora General de Políticas Socioeducativas, Ludmila Pellegrini, manifestó que los cambios de paradigmas exigen nuevas prácticas de prevención y abordaje desde la justicia, la salud y la educación, que deben pensarse transversalmente.
Dijo que “desde esta Dirección se pretende trabajar en la implementación de programas de formación, acompañamiento y contención, así como también actividades de prevención desde un paradigma de derechos humanos y una mirada de géneros y diversidades. Las prioridades a trabajar son la educación sexual integral, las problemáticas vinculadas al consumo problemático y la formación de derechos y ciudadanía”.
Participaron del encuentro el director de Inclusión Educativa, Mariano Revuelta, y el referente de Consumos Problemáticos de la Dirección General de Políticas Socioeducativas, David Pagano, quien planteó la necesidad de trabajar en un programa integral que aborde la problemática desde la promoción y sensibilización a los jóvenes.
Fortalecer estos espacios en el sistema de salud pública
El Órgano de Revisión de la Ley 26.657 de Salud Mental es una entidad nacional que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Trabaja interdisciplinariamente con diversas entidades de justicia y salud pública en la problemática de los consumos problemáticos. En el Chaco funciona dentro del Poder Judicial, que trabaja en red con los otros órganos de revisión de las demás provincias.
Según informaron desde el Órgano de Revisión, existen entidades religiosas y fundaciones que trabajan con personas con problemas de consumos problemáticos. Sin embargo es necesario fortalecer estos espacios en el sistema de salud pública.