Decenas de personas se presentaron este lunes en la Mesa Informatizada Laboral de la capital chaqueña para intentar revertir las medidas impulsadas por la intendenta electa de Barranqueras, Magda Ayala, y el presidente del Concejo Municipal de la localidad, Raúl Vinokurov, por las que se quedaron sin pases a planta y confirmaciones de cargos.
Los trabajadores colapsaron la atención de la mesa informatizada solicitando la confección de cartas poder para los abogados Carlos y Juan Martín Varas, que los representarán como terceros interesados tanto por la medida cautelar del juzgado Civil y Comercial Nº 21, ordenada por el juez Julián Flores a instancias de Raúl Vinokurov, como por la del juzgado laboral Nº 3, a cargo de Silvia Suárez, solicitado por la jefa comunal electa de la ciudad portuaria.
Los pases a planta suspendidos por la Justicia forman parte de dos resoluciones de la intendenta Alicia Azula, en el cargo hasta el 10 de diciembre: las Nº 2101 y 2102 de 2019. Al respecto, Juan Martín Varas precisó que “la medida cautelar es contra las autoridades de la Municipalidad, pero los perjudicados directos son los trabajadores”.
El letrado sostuvo que las decisiones son arbitrarias porque con las resoluciones se les estaban garantizando sus derechos laborales: “Una debida registración para los que pasaron a planta, y para los de la confirmación del cargo, la estabilidad en el empleo, teniendo en cuenta que vienen varios años prestando servicios en los casos de los cargos confirmados”.
Según el abogado, con respecto al personal que pasó a planta, la resolución era un reconocimiento a sus derechos porque son trabajadores que tienen en su gran mayoría más de ocho años desempeñándose en el municipio en una situación totalmente irregular, de jornalizados, de contratos de carácter civil en perjuicio de la legislación laboral vigente.
“Por eso es contradictoria e incongruente la medida cautelar, sobre todo la del juzgado laboral, teniendo en cuenta que protege al organismo en perjuicio de los trabajadores, que con la resolución estaban obteniendo un derecho que no se les venía otorgando, y ahora el juzgado en vez de protegerlo se los vuelve a quitar”, precisó.
Los letrados se presentarán en las dos acciones promovidas, pero buscando evitar el litigio: “Tenemos entendido que van a fijar una audiencia conciliatoria a los efectos de llegar a un acuerdo. En el caso de no arreglar, quedaría abierta una vía de reclamos masivos con consecuencias devastadoras para la administración pública”.
FUENTE: 3500Noticias