Es la segunda iniciativa que pretende regular sobre la materia. La primera que ingresó a la Cámara de Diputados del Chaco fue un proyecto de mi autoría, el 4807/2010 de Sindicalización Policial y Penitenciaria, presentado a fines de diciembre del año 2010, bastante ambicioso en sus alcances, y que desató críticas furibundas de algunos dirigentes del oficialismo de aquel momento.
La iniciativa del Poder Ejecutivo es un paso adelante en la cuestión. Sin los alcances de un derecho de agremiación propiamente dicho propone establecer un espacio de diálogo y negociación permanente en un terreno –los reclamos policiales- donde la falta de ámbitos que encaucen la resolución de conflictos era y es preocupante por estar en juego la seguridad de la población.
La necesidad de que estos espacios de “previsibilidad” existan es innegable, sobre todo a partir de los últimos acontecimientos, que incluyeron la perturbadora presencia de policías bonaerenses armados rodeando la quinta presidencial de Olivos. Recordemos también los dolorosos acontecimientos de fines del año 2013, ocurridos en el país y en nuestra provincia.
El mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal de seguridad del Estado es un reclamo legítimo por parte de los trabajadores de la seguridad, pero no puede ser instrumentado impunemente por las derechas para desestabilizar gobiernos, como ha ocurrido en Bolivia el año pasado e intentó serlo este año en la provincia de Buenos Aires.
Sobre la norma en particular enviada por el gobierno algunos aspectos de la iniciativa pueden ser mejorados para garantizar sus fines. Uno de ellos es la presencia en la mesa de negociación, a mi juicio innecesaria y contraproducente, del Jefe de la Policía y del Director del Servicio Penitenciario. Si lo que se pretende es una discusión genuina de los delegados de base policiales con la patronal, muy difícilmente la misma se dé en un contexto de presencia de los jefes superiores, ante todo en un contexto de restricciones de las garantías sindicales tradicionales y de un modelo de organización policial que aún continúa siendo verticalista y militarista.
En otro sentido, habría que permitir que la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Comisión de Condiciones de Trabajo y Política Salarial la realicen también los delegados policiales, si se pretende fortalecer la participación por vías ordenadas y legales.
A diferencias de las paritarias, cuyos acuerdos homologados son obligatorios para la patronal y los trabajadores, lo que se consensue en la Comisión no obliga necesariamente al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, sería importante establecer un mecanismo progresivo de vinculación de la decisión, empezando por las condiciones de trabajo, de forma de jerarquizar el ámbito de negociaciones y acuerdos.
Asimismo, sería deseable la participación de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la Legislatura a los fines de monitorear en plazos razonables la puesta en marcha de los compromisos asumidos en la norma. Bueno es recordar que en gran parte del avance parcial de la reglamentación de la todavía incumplida ley de seguridad provincial mucho tuvo que ver la insistencia de algunos legisladores de dicha Comisión.
La profesionalización y democratización de las fuerzas de seguridad en el Chaco es un objetivo que difícilmente se logre sin la definitiva y real aplicación de la ley de seguridad provincial, resistida hasta la fecha por las sucesivas cúpulas policiales quienes imponen en los hechos al poder político la doble legalidad del autogobierno policial. Sería deseable que esta nueva iniciativa sea una transición hacia el cumplimiento de los objetivos nombrados, para bien de nuestra sociedad que espera hace mucho tiempo una refundación de las prácticas institucionales de quienes deben velar por seguridad y convivencia comunitaria”.