Fundamentalmente, reclamamos un avance inmediato de la justicia sobre los responsables intelectuales y financistas de este intento de magnicidio. Necesitamos que la justicia federal determine quien mando a matar a Cristina.
En los primeros meses posteriores al hecho nos encontramos con una investigación plagada de irregularidades. Es de una gravedad institucional inédita que se haya borrado el contenido del celular de Sabag Montiel rompiendo la cadena de custodia mientras el aparato estába en poder de la jueza Capuchetti, como así también la no investigación de las transferencias de Caputo Hermanos S.A. a Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, una de las organizaciones políticas que fomento movilizaciones con la consigna “cárcel o bala”, y quien tan solo unos días antes había descrito exactamente la mecánica para matar a la vicepresidenta.
Tampoco existieron avances en la investigación respecto a la denuncia de un testigo que afirmó escuchar a Gerardo Milman, diputado nacional y mano derecha de Bulrich, decir que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes, ni en la declaración de una de las secretarías del mismo que indicó que la habían llevado a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich, donde un perito ilegal borro todo el contenido teléfonos, luego de que la jueza pida el secuestro de los móviles.
Luego de transcurrido un tiempo se sigue confirmando que en la Argentina rige un pacto de impunidad contundente en cuanto a este hecho y a la persecución que sufren los dirigentes del Peronismo y en particular aquellos que no han sido funcionales ni doblegado sus ideas por apietes, beneficios personales u operaciones.
La justicia que no avanza, los medios que ocultan y los dirigentes que callan deben tomar un cambio de actitud urgente en pos de cuidar la democracia en la Argentina. Este es un país que no puede permitir que la violencia, la mentira y la muerte se impongan impunemente contra los que piensan diferente”.