Las entidades prestadoras de servicios para personas con discapacidad, usuarios y familias, han levantado la voz de alarma frente a un proyecto de decreto presidencial que podría tener serias repercusiones en la atención y los derechos de esta comunidad. La iniciativa, revelada el pasado viernes 10 de mayo, propone desregularizar el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, permitiendo que los valores arancelarios sean establecidos de forma independiente por los organismos públicos financiadores.
Para la comunidad de discapacidad, “desregularizar” implica abrir la puerta a una serie de consecuencias adversas. En primer lugar, las obras sociales y prepagas podrían decidir su nomenclador de servicios, lo que las dejaría en la disyuntiva de optar por instituciones no categorizadas, con los consiguientes riesgos de precarización del sistema y pérdida del derecho de igualdad en la atención.
La medida también genera incertidumbre en cuanto a la cobertura de transporte y educación para las personas con discapacidad. Además, pondría en riesgo un logro fundamental: la atención en servicios categorizados, independientemente de la situación económica de los beneficiarios. Esto podría traducirse en una pérdida de calidad de vida para más de 200.000 personas con discapacidad.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente a los funcionarios para que revisen esta medida y consideren sus implicaciones en la atención y los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se anuncia la convocatoria a una movilización del colectivo de discapacidad el próximo miércoles 29 de mayo a las 10.00 horas en Alberdi y Peatonal, como muestra de rechazo a esta medida y en defensa de los derechos adquiridos hace más de 25 años.