Este lunes, trabajadores de INSSSEP, anunciaron una medida de fuerza que se extenderá por 72 horas, en reclamo por 120 contratos firmados en la gestión anterior que vencieron en diciembre y no fueron renovados. Sin embargo, garantizaron la atención de urgencias.
El paro se retomó a pesar de que había sido suspendido por la conciliación obligatoria dictada anteriormente.
Desde la AGPIPS aseguran que los trabajadores fueron “expulsados al desempleo en el nombre de una austeridad que no se condice con el pago de $ 900.000 a personas jubiladas que vienen al INSSSEP, traídas por la Presidencia, como parte de un staff tan oneroso como innecesario”.
A pesar de este reclamo, cabe destacar que recientemente la Justicia consideró válidas, constitucionales y legales las decisiones del directorio de INSSSEP, desestimando el amparo presentado por la Asociación Gremial del Personal del Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (AGPIPS).
El amparo solicitaba la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de una resolución que suspendió temporalmente ciertos actos administrativos. Los mandatarios judiciales de la Provincia del Chaco argumentaron que el amparo era improcedente, ya que no cumplía con los requisitos establecidos y existían otras vías legales adecuadas para proteger los derechos alegados.
Los jueces señalaron que no podían determinar si las cancelaciones de contratos se debían a un acto administrativo ilegal o simplemente a la decisión de no renovarlos, y que no estaba demostrado que los nuevos contratados fueran miembros del sindicato que presentó la acción, excluyéndolos de la protección gremial invocada.