Persiste la esperanza de poder encontrar los restos nunca hallados de la víctima, y aguardan que los dos cabecillas de la banda de secuestradores detenidos en 2017 en Portugal sean extraditados, para ser juzgados por el caso.
Desde la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), que dirige el fiscal federal Santiago Marquevich, aseguraron hoy, al cumplirse 20 años del hecho, que este fue uno de los casos más importantes de las últimas dos décadas en la Argentina, que los 12 autores y partícipes del hecho fueron detenidos y que las condenas dictadas fueron confirmadas hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Desde la Ufese y la Fiscalía Federal de Corrientes vamos a seguir investigando el caso y realizando medidas hasta encontrar a Christian”, dijo hoy a Télam el fiscal Marquevich, quien además tiene la esperanza de que alguna vez se quiebre el “pacto de silencio” de los integrantes de la banda.
El excomisario de la Policía de Corrientes Tránsito Ramírez, que participó de la investigación desde la misma noche en que se lo llevaron al estudiante universitario de la puerta de su casa, dijo hoy a Télam que tras 20 años “resulta decepcionante y frustrante que no se lo haya encontrado”.
“La investigación sigue vigente, activa, porque todavía no se lo encontró. Es una deuda pendiente que se tiene con la familia”, remarcó el exoficial quien pese a su retiro, luego fue contratado por la fiscalía para trabajar cuatro años más en la pesquisa.
Ramírez, que 20 años atrás se desempeñaba como comisario mayor en la División Metropolitana de la policía correntina, recordó que llegaron a la casa de Cristian, alertados por la llamada de un vecino “que vio cómo se lo llevaban y fue apuntado con un arma por uno de los secuestradores, que le ordenó que ingrese a su vivienda”.
“Era una organización con un sistema de células con líderes, roles y alfiles”, precisó y destacó que la mayoría de sus integrantes “fueron puestos a disposición de la Justicia y condenados”, pero que “nunca pudo resolverse lo más importante: la aparición de Cristian, a pesar de que cobraron el rescate”.
Las expectativas están puestas en lo que suceda a futuro con José Rodolfo “El Ruso” Lohrmann (58) y José Horacio “Potrillo” Maidana (62), los dos jefes de la organización criminal que capturó a Schaerer y que, tras permanecer 14 años fugitivos de la justicia argentina, fueron detenidos en 2017 en Portugal como integrantes de una banda de ladrones de bancos.
La justicia portuguesa los condenó a 18 años de prisión por haber cometido entre 2014 y 2016 cuatro atracos a bancos en las ciudades lusas de Odivelas y Cascais, en los que se llevaron 235.000 euros, y por cinco robos de automotores.
Lohrmann y Maidana cumplen sus condenas en la prisión de Monsanto y tienen un pedido de extradición formalizado por los canales diplomáticos desde el juzgado federal de Corrientes, pero deben comparecer también ante tribunales de Bulgaria, República Checa y España por otros robos cometidos en esos países europeos.
El propio Lohrmann también pidió en 2020 ser extraditado a la Argentina para cumplir acá todas las condenas que se le acumulen.
En 2018, ambos fueron indagados en una cárcel portuguesa en el marco de la causa Schaerer por el entonces juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila -hoy preso y condenado por cobrarle coimas a narcos-, y los fiscales federales Marquevich y Flavio Ferrini, quienes luego los dejaron procesados como coautores de un “secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por la intervención de más de tres personas”.
Declararon durante varias horas, pero nunca dijeron dónde están los restos de Schaerer, la obsesión de los investigadores históricos del caso.
En 2019, una pista llevó la investigación a Brasil, ya que un canoero de la zona de la ciudad de Uruguayana, clasificado como testigo de identidad reservada, ubicó en un arroyo llamado Imboa el sitio del supuesto destino final de Cristian, pero tras el drenaje de un sector del curso del agua, el resultado fue negativo y solo se halló el cabo de una pala, trozos de una bolsa de polipropileno y algunos huesos que luego se determinó eran de origen animal.
Una de las hipótesis con la que concluyó este trabajo fue que por el lastre de la corriente en el arroyo Imboa, donde el agua produce un influjo de entrada y salida, los restos del joven fueron arrastrado al río Uruguay.
En marzo pasado y a partir de la declaración de otro testigo, la Justicia de Paraguay también buscó los restos del estudiante correntino en un descampado rural de San Pedro de Paraná, en el departamento de Itapuá, pero el resultado también fue negativo.
El Ministerio de Seguridad nacional mantiene vigente una recompensa de 3.000.000 de pesos para quien pueda aportar datos sobre el paradero del joven correntino.
El secuestro de Schaerer fue perpetrado la noche del 21 de septiembre de 2003 cuando descendía de su Mercedes Benz para abrir el portón del garaje de su casa del barrio Las Tejas, a 15 cuadras del microcentro correntino.
Los secuestradores lo mantuvieron oculto en varios lugares: la localidad de Saladas, a 100 kilómetros de la capital provincial; la ciudad correntina de Paso de los Libres y la brasileña Uruguayana.
Dos meses después de su captura, Pompeya Gómez, madre de Christian, pagó un rescate de 277.300 dólares en Ciudad del Este (Paraguay), pero el joven, hijo de Juan Pedro Schaerer -un exfuncionario correntino que por causas penales pendientes reside en Paraguay-, nunca fue liberado.
En tanto, por el caso ya se llevaron a cabo dos juicios orales en los que se condenaron a 12 personas.
Entre fines de 2006 y principios de 2007, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 25 años de prisión al abogado Pedro Ángel Barbieri y a Néstor Horacio Barczuk, y a una secretaria del profesional, Judith Alvarenga, a 8 años.
El 28 de agosto de 2009, el mismo tribunal condenó a Raúl “Caniche” Salgán y Cristian Carro Córdoba a 25 años de prisión, a Gonzalo Adrián “Paragüita” Acosta a 16 y Claudio Cornelli Belén a 12; mientras que otros cinco integrantes de la banda fueron absueltos.
Sin embargo, en 2013, la Cámara Federal de Casación Penal impuso 17 años de prisión para los hijos de Caniche Salgán, Sergio Gustavo y Oscar Antonio Salgán; y a María Esther Sudo; en tanto que para un hijo de ella, Jorge Gabriel Sudo, dictaron una sentencia a 11 años y para el policía Miguel Ángel Ramírez, de 18.
Fuente: Télam