La propuesta busca endurecer las penalizaciones contra los conductores en estado de ebriedad en la provincia de Chaco. La iniciativa, que será discutida este año en la Cámara de Diputados, estipula que aquellos que provoquen accidentes mientras conducen alcoholizados deberán hacerse cargo del 100% de los gastos ocasionados, tanto en bienes materiales como en perjuicios a terceros.
El proyecto introduce modificaciones en los artículos 83 y 84 de la Ley 949-T, incorporando sanciones más severas para las infracciones vinculadas al consumo de alcohol al volante. Una de las disposiciones clave establece que los conductores que presenten un nivel de alcohol en sangre superior a 0 miligramos por litro tendrán la obligación de cubrir íntegramente los gastos derivados de daños a vehículos, propiedades, infraestructura pública o lesiones físicas.
Asimismo, la iniciativa contempla un ajuste en el valor de las multas, expresadas en unidades fijas (UF), las cuales se calculan en base al costo de un litro de combustible premium. Estas penalizaciones podrían variar desde un mínimo de 50 UF hasta un máximo de 20.000 UF en casos de faltas graves. Además, la normativa prevé sanciones agravadas para los conductores que sean funcionarios públicos o empleados estatales, duplicando las multas en dichas circunstancias.
El objetivo central de este proyecto es reforzar la seguridad vial en Chaco y fomentar una conducción más responsable, señalaron legisladores del Frente Chaqueño. Según estadísticas oficiales, el consumo de alcohol está presente en aproximadamente uno de cada cuatro accidentes graves a nivel nacional. La propuesta subraya que obligar a los infractores a hacerse cargo de los costos económicos de los siniestros no solo promueve un sentido de justicia reparadora, sino que también reduce el impacto financiero sobre las víctimas y el Estado.
MEDIDAS ADICIONALES
El proyecto también incluye la creación de un sistema de descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir, diseñado para disuadir la reincidencia. Además, prevé un aumento progresivo en las multas económicas en función de la gravedad de las infracciones cometidas.