La madre de la menor denunció el caso el 16 de agosto de 2024, explicando que su hija fue empujada hacia el interior de un domicilio donde fue abusada. Tras la agresión, se reveló que la menor se encontraba en su segundo mes de embarazo, lo que llevó a la madre a solicitar que se activara el protocolo para la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La fiscalía correspondiente, al recibir la denuncia, actuó con celeridad y logró identificar y aprehender al presunto agresor, quien enfrenta graves cargos por su conducta criminal. Este caso ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto de relieve la importancia de proteger a las víctimas de violencia de género y asegurar que se respeten sus derechos.
Los funcionarios responsables han manifestado su compromiso de seguir el proceso legal para garantizar justicia y ofrecer el apoyo necesario a la menor y su familia en este difícil momento.
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