La jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenó una serie de nuevas medidas en el marco de la causa por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, ocurrida hace casi 50 días. Entre ellas, conocer los movimientos patrimoniales de los detenidos y de la familia de la víctima.
A pesar de que todo aquel que tiene contacto con la causa descarta la teoría del accidente introducida falsamente por Laudelina, también se volvió a solicitar un examen sobre la abolladura que tiene la camioneta de los acusados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, la Ford Ranger de la que se extrajo material genético que no resultó pertenecer a Loan. Las medidas fueron ordenadas por la magistrada en un escrito de seis fojas al que tuvo acceso Infobae.
Con respecto al relevamiento patrimonial de los detenidos, la magistrada ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil. Además de todos los imputados, también ya había solicitado un análisis profundo sobre los hermanos de Loan; su madre María Luisa; su padre José; sus primas, e hijas de Laudelina, Macarena y Camila; de la abuela de Loan y del hijo de María Victoria Caillava.
La jueza pidió al Registro Nacional de la Propiedad Automotor “que informe si los nombrados poseen automotores, motovehículos, titularidad, cédulas asociadas en su caso historial y transferencias”.
Lo mismo se solicitó al Registro de la Propiedad bajo estos conceptos: “Propiedades, propiedades rurales, operaciones de compra y venta de las personas involucradas, informando, a su vez, orientación, fecha de inscripción, número de folios y libro matriz, atento a que posiblemente sean producto o provecho del delito, con lo que se podría identificar activos concretos del mencionado”.