Se reunió este viernes en la Sala 1 de Comisiones del Anexo Legislativo, el jurado que tuvo a cargo la evaluación de las postulaciones que se presentaron para el otorgamiento del reconocimiento anual a una persona física o jurídica que se destaque por su compromiso en la lucha contra la violencia institucional.
El galardón que otorga el Poder Legislativo en el marco de la conmemoración del Día Nacional y Provincial de la Lucha Contra la Violencia Institucional (Ley 2131-E), se entregará a los homenajeados el Miércoles 1° de Junio en el Recinto Esc. Deolindo Felipe Bittel, a las 9 horas.
El jurado seleccionó como merecedora de la edición 2022 del premio a Analía Ojeda, madre de Diego Emmanuel Barreto, un joven de 25 años que fue muerto en custodia de la policía de la Provincia del Chaco. La postulación fue elevada por el distinguido con el premio “Mario Bosch” 2021, Osvaldo Ponce de León, entre otras firmas de abogados, periodistas, diputados, concejales y organizaciones de la sociedad civil.
En estos fundamentos se destaca que Ojeda “se movilizó para encontrar testigos y pruebas que puedan encauzar la investigación judicial en la posible comisión de un delito cometido por fuerzas de seguridad” y que “hace dos años que espera el juicio para determinar la responsabilidad de los agentes policiales que participaron de la detención de su hijo, con múltiples dilaciones”.
En una doble premiación, también se reconocerá con el premio, de manera post mortem, a las víctimas de la Masacre de Napalpí, propuestas por la Fundación Napalpí, quienes destacan en la postulación que: “las distintas voces de sobrevivientes, investigadores y familiares de la Masacre de Napalpí fueron parte del Juicio por la Verdad, realizado por el Tribunal Federal N°1 de Resistencia, Chaco, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que inició el 19 de abril pasado y concluyó el 19 de mayo último.
La sentencia de este juicio establece que la Masacre “constituye un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indigenas, sentenciando al Estado como responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal en 1924 contra comunidades originarias de la Provincia”.
El jurado estuvo integrado por los diputados Alicia Digiuni y Roberto Acosta por la Comisión de Derechos Humanos; Nancy Sotelo por el INADI, Santiago Osuna por la Secretaría de Derechos Humanos, Silvia Canteros por el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes; Itatí Acosta y Araceli González por el IDACH, la Dra. Karina Paz por el Ministerio Público de la Defensa, Mauricio Amarilla por la Comisión Provincial por la Memoria, y Jorge Migueles por la Cátedra Libre de DD.HH.